Un día después de que la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) de Brasil recomendara el inicio de procedimientos penales contra los represores de la última dictadura militar (1964-1985) por considerar que sus crímenes son imprescriptibles, el ministro de Defensa Celso Amorim rechazó esa posibilidad y dijo que el gobierno de Dilma Rousseff "no propondrá, no impulsará y no estimulará ninguna sanción ni tampoco la revocación de la Ley de Amnistía". El ministro se apuró a diferenciar el trabajo de la Comisión nombrada por la presidenta, de su propia gestión. "No quiero oponerme a la comisión, que hará lo que quiera. Lo único que no quiero es que piensen que es el gobierno el que está sugiriendo el juzgamiento", afirmó.

"Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Las amnistías no valen ante el derecho internacional", afirmó la abogada Rosa Cardoso, quien asumió ayer la coordinación de las investigaciones de la CNV, en lugar del diplomático Paulo Sergio Pinheiro. Cardoso recordó que Brasil reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y por esto debe cumplir las sentencias de la organización, que en 2010 decidió que "las autoamnistías son nulas", como es el caso de la ley dictada en 1979 por el último presidente del régimen militar, el general Joao Figueiredo.

El debate, que ya lleva varios años, se actualizó luego de que la Comisión anticipara, en la presentación de los resultados parciales de su investigación, que en el informe final del año próximo se solicitará la apertura de juicios a los responsables. En ese acto, la CNV destacó además que los órganos de represión comenzaron a torturar mucho antes de que surgiera la lucha armada en el país.

Los integrantes de la Comisión dijeron haber analizado documentos que demuestran que los perseguidos políticos eran torturados desde 1964, año del golpe militar que derrocó al presidente João Goulart, pese a que las leyes de excepción que instituyeron la represión fueron dictadas por el régimen militar en 1968. Según la CNV, en aquel primer año de la dictadura ya había al menos 32 centros clandestinos en siete diferentes estados del país que estaban operativos.

Según el balance parcial presentado ayer, la comisión escuchó hasta ahora 268 testimonios, entre ellos los de 37 militares acusados de violaciones y los de 207 víctimas del régimen. Pinheiro, que ofició de coordinador de la Comisión durante su primer año de investigación, aseguró que en el escaso tiempo de trabajo el grupo descubrió la existencia de 250 "estructuras de inteligencia" que funcionaban en los ministerios y los establecimientos públicos. Agregó que la Comisión, cuyo mandato se extiende hasta diciembre de 2014, recopiló pruebas que demuestran la práctica de violencia y de tortura durante la dictadura, incluyendo documentos militares que admiten que hasta los propios uniformados que se oponían al régimen fueron sometidos a represión física que los dejó "incapacitados". «

dpa, Efe y Ap

duros recortes por casi 15 mil millones de dólares

El gobierno brasileño anunció un recorte presupuestario por 28 mil millones de reales (unos 14 mil millones de dólares), con el objetivo de alcanzar la meta de superávit primario fijada para 2013. El ministro de Economía, Guido Mantega, destacó que los ministerios más afectados por la medida serán los de Ciudades, Defensa e Integración Nacional, aunque en ninguno de esos casos alterarán los planes de inversiones previstos. Además, destacó que los planes sociales y de salud no sufrirán ajuste alguno.

"Las inversiones son el motor de la economía nacional y serán preservadas del recorte, que sólo reducirá los gastos de algunos despachos", indicó Mantega durante su exposición. "La política es la misma, con rigor fiscal. Estamos estimulando inversiones, pero no los gastos para financiar (la máquina del Estado), y así contribuimos a controlar la inflación", dijo el ministro, en declaraciones divulgadas por la agencia oficial brasileña ABR.

Según el ministro, el recorte obedece a la necesidad de adecuar el presupuesto "a la realidad" y a los menores ingresos fiscales que se esperan por el proceso de desgravación tributaria que adelanta el gobierno a fin de combatir la inflación y dotar de competitividad a algunos sectores productivos.