La gobernadora María Eugenia Vidal envió a la Legislatura un proyecto de ley para declarar la emergencia del Sistema Penitenciario y del Sistema de Salud penitenciario en el ámbito de la Provincia, a la manera que ya lo hizo con la Emergencia en Seguridad y en Infraestructura.

De aprobarse, la norma habilitaría al Ministro de Justicia, Carlos Mahiques, a realizar uso discrecional de fondos para compras y contrataciones y manejos de personal, para lo cual Vidal ya solicitó, en paralelo, un extraordinario pedido de endeudamiento a la Legislatura, que supera los 110 mil millones de pesos.

La Gobernadora fundó el pedido arguyendo “innegables carencias en materia edilicia, tecnológica, de recursos humanos y materiales” que, dijo, detectó en el sistema penitenciario y el de salud penitenciaria, que, subraya, pasó de “30.712 a 35.166” detenidos.

El objeto de la declaración, indica el proyecto, es “dotar a las áreas específicas del Poder Ejecutivo de herramientas y mecanismos ágiles para mejorar sustantivamente las condiciones de detención”, para lo cual propone, a la par, crear una comisión con participación del Ejecutivo, la Justicia y la Legislatura.

De aprobarse, el Ministerio de Justicia tendrá la obligación de presentar en sesenta días un plan de obras que contemple “la creación y reparación de unidades carcelarias” y la estimación de gastos que demande.

Además, exceptúa a todo procedimiento de contratación de la intervención del Consejo de Obras Públicas y autoriza a los organismos a contratar a empresas que no figuren en el Registro de Licitaciones, aunque sí en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública.

De manera específica, dota a los organismos estatales de “celeridad” para “la adquisición de equipamiento y la realización de las obras necesarias para garantizar condiciones dignas de detención”; en cuanto a los recursos humanos, fortalece las facultades del ministro de Justicia para “adoptar decisiones vinculadas al progreso en la carrera penitenciaria, mejora de la capacitación y el incremento cuantitativo de los recursos así como su óptima utilización”.

El ministro de Justicia podrá, de aprobarse la norma, designar personal de manera directa, así como también “disponer bajas, retiros, reubicaciones escalafonarias, cambios de escalafón y ascensos ordinarios o extraordinarios”, además de convocar a retirados del SPB a prestar servicio nuevamente.