A partir de la promulgación de la ley, ocurrida el 15 de junio, existen seis meses para que el Ejecutivo arbitre las medidas necesarias para que los alcances de la ordenanza se pongan en práctica en nuestra provincia.

La adhesión a la ley fue impulsada por Organizaciones no Gubernamentales que agrupan a padres con chicos que tienen capacidades diferentes y que abogaban por contar con una ley superadora.

En medio del debate que surgió en torno a asta adhesión, el Colegio de Abogados de Río Grande se expresó a favor de adherir a la Ley Nacional 24.901, entendiendo que las ventajas «para las personas con discapacidad, es la de afirmar el carácter integral de las prestaciones básicas de atención a su favor, y para la Provincia, la de dejar de ocupar el lugar de principal obligado del sistema, para pasar a mantener una obligación de carácter subsidiaria; existiendo, asimismo una ventaja para toda la sociedad consistente en contar con una norma protectora de los derechos de un colectivo social, las personas con discapacidad, que atraviesa a todas las clases sociales y del que ninguna persona está exenta de formar parte del mismo».

«Una decisión favorable sería sin duda un importante avance en el cumplimiento de una necesidad social, incorporando al sistema normativo una ley basada en evidentes valores de justicia distributiva, dictada en beneficio de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad», puntualizaron los letrados.