Por orden del magistrado, el próximo lunes, a las 9.00, deberá presentarse a declarar como imputado el dirigente Guillermo Kuchar del Moral, quien habría quedado seriamente comprometido en la causa tras un allanamiento realizado el pasado 22 de marzo en su domicilio. En ese operativo, concretado por inspectores de la AFIP-DGI, se secuestraron sellos truchos de empresas "fantasma", boletas falsas, documentación en la que aparecerían comprometidos los nombres de importantes firmas y dirigentes políticos de nuestro medio y computadoras que contendrían valiosa información para el avance de la investigación.

Junto a Kuchar del Moral, quien participó como candidato en las últimas dos elecciones realizadas en Tucumán, también el lunes deberá prestar declaración en los Tribunales de Congreso y Las Piedras, en carácter de imputado, Germán Castro, quien, según confiaron a EL SIGLO fuentes judiciales, sería su socio.

Ambos son acusados por una presunta infracción a varios artículos de la Ley 24.769 (Penal Tributaria), que engloba, entre otros delitos fiscales, el de Aprovechamiento indebido de subsidios y el de Obtención fraudulenta de beneficios fiscales (ver “Los delitos...).

Hasta el momento, la única mujer que había sido detenida, en 2010, por el hecho: Andrea Marta Jiménez, quedó libre a principios de abril último, tras hacer frente al pago de una caución real por 400 mil pesos (se hipotecó un inmueble a su nombre), en razón de que los delitos que se le imputan (los mismos que a Kuchar y a Castro), en principio, son excarcelables.

Tal como informó oportunamente nuestro diario, Jiménez simplemente habría actuado como testaferro ("prestanombre") de los verdaderos cerebros de la maniobra fraudulenta con bonos fiscales, que le habría ocasionado al Estado un perjuicio superior a los 15 millones de pesos. La mujer era la única imputada en la causa y, ahora, la investigación apunta a desenmascarar a sus patrones.

La maniobra fraudulenta

El delito se concretó en 2007, cuando, mediante la presentación de documentación falsa de empresas "fantasma" (desaparecidas, que nunca existieron o sin solvencia financiera) y valiéndose de los servicios de "prestanombres", un grupo de personas logró obtener ilegalmente títulos fiscales, ocasionando al fisco un perjuicio financiero por casi 30 millones de pesos.

Debido a su complejidad, la investigación fue dividida en dos etapas: La primera, que es en la que están implicados Kuchar y Castro (y la que está más avanzada), es por la obtención ilícita de bonos por un monto de 15 millones de pesos. En tanto, se tramitan por separado otras actuaciones, también en el Juzgado Federal II, por un fraude similar y de igual monto, aunque con otros actores.

Los subsidios correspondían un programa de subsidios a empresas productoras de bienes y servicios dispuesto por la Secretaría de Industria de la Nación. A las firmas adheridas al programa se les reintegraba un 14 por ciento de su facturación con esos títulos, que podían ser utilizados para la cancelación de impuestos nacionales o para el pago a proveedores.

Una vez conseguidos fraudulentamente, los créditos fiscales, cuyos montos pagados a una sola empresa rondaron entre los 400 mil pesos y los 2,5 millones de pesos, eran negociados con terceros, en este caso con corredores de bolsa, que a su vez los vendían a otras firmas que los adquirían para pagar tributos (a las Ganancias, Ingresos Brutos e IVA, entre otros) y saldar deudas con proveedores.

Fue al concretarse este último paso de la compleja maniobra que la AFIP-DGI denunció el hecho ante el Juzgado de Racedo.

Los investigadores presumen que las empresas que adquirieron los títulos de segunda mano a las firmas corredoras de bolsa, en el mercado cambiario, habrían obrado de buena fe y que simplemente habrían incurrido en una especulación, al adquirir los títulos a montos inferiores a los valores nominales de los mismos y deudas a cancelar.

Andrea Jiménez fue detenida luego de que se constatara su participación en 11 operaciones irregulares con títulos fiscales. Cuando la mujer declaró ante Racedo, reconoció que gestionó la obtención de los bonos fiscales en Buenos Aires para un grupo de personas para las cuales trabajaba y que le habían otorgado un poder, aunque aseguró desconocer que estaba incurriendo en un delito.

Las empresas “fantasma”

Los nombres de las empresas “fantasma” a las que la Secretaría de Industria otorgó los beneficios, con los montos percibidos por cada una, son los siguientes: Qui-Ma SRL ($757.148), Petropack SRL ($962.674), Faind-Víctor Paz ($2.454.144), Estructuras Metalúrgicas López ($920.318), Cancino Hugo Ricardo ($867.312), Comercial Salta SRL ($2.091.670), Clargran SRL ($398.591), Intermoto SA ($1.745.716), Gorpack SA ($2.589.953), Constructora Metalúrgica Guchea ($1.875.468), Petroquímica del Norte ($1.763.89) , Talleres Capetta ($1.283.555), Industrias Tula ($869.418), TN Construcciones ($750.570), Metalúrgica Salta ($2.951.274) y Elevadores del Valle ($1.758.402). Además, se vinculó a las firmas Catalina SRL (cuyos apoderados cobraron $920.000), Galpones Oeste ($1,9 millones), Luis Daniel Sánchez (un millón de pesos), Ramón Osmar ($883.000) y Alberto Nieva ($1,7 millones). Estas cinco firmas ahora también están siendo investigadas por la Justicia.

Como se informó oportunamente, las empresas mencionadas tienen domicilios en Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero.

Escándalo político

En las elecciones generales provinciales realizadas en 2007, Kuchar del Moral fue segundo en la lista de postulantes a legisladores provinciales por el Partido de los Trabajadores (PT), que encabezó el actual parlamentario Pedro Balceda. Dicha fuerza política fue una de las que estrenó ese año el sistema de "acople", presentando candidatos propios a legisladores y adhiriéndose (acoplándose) a la fórmula de Gobernador y Vice del Frente para la Victoria (FPV), que integraron José Alperovich y Juan Manzur. Dos años más tarde, en los comicios legislativos nacionales de 2009, Kuchar del Moral volvió a postularse, aunque en esa oportunidad para senador, en representación de la Alianza Con Conciencia Voluntad Solidaria (Alianza Con COVOS.). El dirigente que ahora está siendo investigado por la Justicia aseguraba, por aquel entonces, ser el hombre elegido por el vicepresidente Julio Cobos para representar su proyecto en la provincia (de hecho, su slogan de campaña fue "Cobos en Tucumán").

Los delitos investigados

Respecto al delito de Aprovechamiento indebido de subsidios, el Artículo 3º de la Ley 24.769 establece que "será reprimido con prisión de tres años y seis meses a nueve años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, se aprovechare indebidamente de reintegros, recuperos, devoluciones o cualquier otro subsidio nacional directo de naturaleza tributaria siempre que el monto de lo percibido supere la suma de pesos cien mil ($ 100.000) en un ejercicio anual".

La Ley Penal Tributaria también contempla el delito de Obtención fraudulenta de beneficios fiscales (Artículo 4º), que prevé sancionar con "prisión de uno a seis años al que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, obtuviere un reconocimiento, certificación o autorización para gozar de una exención, desgravación, diferimiento, liberación, reducción, reintegro, recupero o devolución tributaria al fisco nacional".