“La idea nuestra es que el transcurso de este año esté vigente tanto la Dirección de Control Policial como la Defensoría del Policía”, adelantó el mandatario chaqueño Jorge Capitanich, al ser consultado por la demora de la puesta en marcha de ambas dependencias que habían sido anunciadas a principios de julio, luego de los hechos de violencia institucional cometidos por agentes policiales contra jóvenes de la comunidad Qom de Fontana.

“Dijimos una cuestión en julio y todavía no está perfectamente vigente. Es objetivamente cierto, es un retraso y debería estar en pleno funcionamiento antes de fin de año”, reconoció Capitanich.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo chaqueño explicó que “eso tiene un procedimiento secuencial, desde el anuncio se generaron todas las modificaciones en la estructura orgánica y en los procesos de habilitación de concursos. La idea nuestra es que en el transcurso de este año esté vigente tanto la Dirección de Control Policial como la Defensoría del Policía”.

Ambas figuras están previstas en la ley de Seguridad Democrática sancionada en el año 2.012 y hasta ahora nunca habían sido puestas en práctica por el lobby de las fuerzas de seguridad ya que la Dirección de Control Policial deberá estar a cargo de un civil para supervisar las conductas irregulares que cometan los agentes en cumplimiento de sus funciones y que hoy está a cargo del Órgano de Control Institucional (OCI) que depende de la misma Jefatura de Policía del Chaco. En tanto, el Defensor del Policía permitiría a los agentes, entre otras cosas, la posibilidad de denunciar irregularidades o abusos de poder sin temor a represalias por parte de sus superiores.

Por otro lado, Capitanich se refirió al reciente envío al Parlamento chaqueño de un proyecto de ley que permitirá la asociación de agentes policiales y penitenciarios para negociar mejoras salariales y en sus condiciones de trabajo. “Es una sindicalización sui generis, porque tiene restricciones pero me parece que es muy importante y un avance cualitativo en la representación de intereses en asociaciones específicas para defender en política salarial y condiciones de trabajo la defensa del trabajador policial”, argumentó.

Con respecto a la ausencia de la Secretaría de Seguridad Pública en el actual organigrama de gobierno, el gobernador consideró que “el Ministerio de Justicia y Seguridad es un salto cualitativo, que supera inclusive la previsión inicial de la ley de Seguridad Pública en Secretaría de Seguridad Pública”.

En ese sentido, aseguró que “era necesario dividir el Ministerio de Gobierno de la Justicia e integrar Justicia con Seguridad, porque son dos caras de la misma moneda. En virtud de ello, jerarquizamos el tema. Para nosotros, lo que era la Secretaría de Seguridad Pública en la ley de Seguridad Democrática al jerarquizarlo al Ministerio es un salto cualitativo de carácter superior. No es una capiti diminutio sino una superación cualitativa”.