El proyecto, que tomó estado parlamentario en la Legislatura, propone derogar la ley 4695 de adhesión a la norma nacional de Inversiones Mineras. Abogan por incrementar la participación de la provincia en la renta minera, disparada al compás del ascenso de la cortización de algunos minerales.
En los fundamentos, se destacó que la Ley Nacional 24196 de Inversiones Mineras, a la cual adhirió Jujuy a través de la Ley 4695, concede incentivos fiscales a la exploración y explotación minera, además de los beneficios respecto a la desgravación impositiva como a las exenciones tanto nacionales como provinciales, “lo que pone de manifiesto una situación de privilegio extraordinaria en comparación con otras actividades productivas de nuestra provincia”.
Rizzotti subrayó que la ley nacional establece que estos beneficios no podrán ser retirados por un período de treinta años y en contraparte de estos beneficios, las empresas mineras deben pagar regalías a las provincias con un tope del 3 por ciento del valor del mineral extraído en boca de mina. Según el legislador, en algunos casos, ese monto termina siendo menor a todos los reintegros hechos a las compañías.
“Entendemos –dijo- que esta norma es hoy un obstáculo para el crecimiento de los recursos que recibe el fisco por la extracción de sus recursos naturales no renovables que deberían ser aprovechados para generar oportunidades de un desarrollo que derrame en la provincia”.
El legislador sostuvo luego que la minería se encuentra actualmente en un momento histórico excepcional por la demanda creciente en el mundo de este tipo de recursos. “Estamos ante una coyuntura que debería significarle a la provincia nuevas oportunidades; sin embargo, la ley cuestionada entorpece esa posibilidad”, estimó. De hecho, Jujuy “no ha logrado aprovechar esos beneficios y eso puede observarse claramente en las comunidades donde se han desarrollado megaemprendimientos mineros. Se trata de comunidades que no han logrado superar la pobreza y que siguen siendo afectadas por altos niveles de exclusión social. En contraposición, las empresas han experimentado un extraordinario aumento en sus ganancias”, observó Rizzotti.
Subrayó que el Estado provincial “debe recuperar soberanía política y asumir un rol estratégico que significa, entre otras medidas, renunciar a la adhesión a la norma nacional de Inversiones Mineras”, resaltando que urge incrementar las regalías, fijar un nuevo marco normativo y tributario “para ponerle fin a una historia que solo ha significado beneficios para el sector empresario”, definió.
Aclaró que con esta sola medida no será suficiente: “deberán adoptarse un conjunto de acciones para la superar la reprimarización que impone el modelo puramente extractivista que ha adoptado la minería en Argentina y en particular en Jujuy”.
“Hay que discutir la sustentabilidad de este modelo, generando activos colectivos a través de las regalías para no destruir el bien común; además habrá que estimular un proceso de diversificación industrial impulsado por el Estado para que no solo sea Jujuy un escenario de extracción de recursos sino también de algún principio de industrialización que inyecte valor agregado y que permita ampliar el horizonte de oportunidades”, fundamentó.

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