La Cámara baja se enredó en una fuerte discusión por el amparo judicial que paralizó el juicio político al Ministro del STJ. Marcelo Chain dijo: “Hay un avasallamiento de algunos magistrados”. La oposición sostiene que se defiende el derecho de terceros.
El juicio político contra el ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Juan Carlos Codello fue el tema central, y el más polémico, de la sesión de ayer de la Cámara de Diputados. El oficialismo sostuvo que la medida cautelar, que paraliza el enjuiciamiento del magistrado, es un “avasallamiento” sobre las facultades constitucionales del Poder Legislativo; en tanto la oposición considera que la medida es aceptable porque afecta derechos de terceros. Se trató de una discusión infructuosa, ya que el cuerpo nada definió pues la Comisión de Juicio Político ya había aceptado la resolución de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Sala Nº4, y paralizó la evaluación de las pruebas de la acusación al Ministro del STJ. La presentación del abogado de Codello apunta a un error en la votación que pasó a Comisión el pedido de juicio político realizado por Yamandú Barrios. Según el letrado representante del Ministro, se omitió la segunda votación como lo establece el Reglamento Interno de la Cámara de Diputados. El presidente de la Comisión de Juicio Político, Pedro Cassani, se encargó de fundamentar la posición del oficialismo. “El amparo no permite avanzar en un tema que es exclusivo y excluyente del Poder Legislativo”, dijo y agregó que “acatamos porque de otra manera sería una desobediencia, a pesar de que no compartimos la resolución judicial”. Cassani no dudó en afirmar que “si se llega a consentir esta situación, desde la Cámara, esperemos que partir de allí, dentro de poco tiempo asistamos al Gobierno de los jueces y no al republicano”. Los integrantes de la Comisión de Juicio Político fueron quieres hicieron las exposiciones y explicaron las dos posiciones que se habían sostenido en la reunión del pasado lunes. Marcelo Chain, en un vehemente discurso, dijo que “hay un avasallamiento evidente de algunos magistrados”. Luego resaltó que el mandato constitucional es claro, “no se puede aplicar el Reglamento de la Cámara”. El autonomista admitió que a raíz de esta situación existe un clima “enrarecido” en la relación entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo y que eso “nos preocupa como legisladores”. En tanto los diputados opositores mantenían una posición contraria. Sostuvieron que se debía acatar la resolución judicial. “Cassani se contradice porque dice una cosa y sin embargo acató la medida. Su argumentación no tiene sentido”, dijo la peronista María Inés Fagetti. Por su parte, el radical Manuel Aguirre afirmó que “puede actuar la Justicia porque defiende los intereses de terceros”. Se trataba de un debate por el debate mismo, una catarsis, pues el cuerpo no podía emitir una resolución al respecto. Sobre el final se presentó un proyecto de resolución que “reafirma la facultad de la Presidencia de Diputados para actuar como representante legal ante los demás poderes, en nombre del cuerpo”. La propuesta aparenta ser redundante, pero fue concebida debido a que ayer se conoció una denuncia penal contra Josefina Meabe de Mathó, por “abuso de autoridad”, presentada por el Ministro del Superior Tribunal de Justicia, ante la Fiscalía de Instrucción Nº6 a cargo de Gustavo Robineau e instruida por el Juzgado Nº2 a cargo de Juan Manuel Segovia.
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