Ayer, la Cámara baja aprobó modificación de la administración del Fondo Fiduciario de Desarrollo Rural. También avaló la creación de una Clínica Jurídica y un Juzgado de Familia en Libres. Todos son leyes.
El expediente llega con media sanción del Senado, cuerpo legislativo que introdujo importantes modificaciones en el original enviado por el Ejecutivo provincial.
El proyecto de presupuesto establece ingresos por $4.227.731.333, gastos por $4.593.731.333, de lo que deriva una necesidad de financiamiento por $366 millones.
El próximo miércoles será un día “movidito” para los diputados, ya que a las 13, tras el encuentro con Vaz Torres, recibirán a profesores de Derecho con quienes intercambiarán opinión sobre los proyectos de reforma del Código Procesal Penal.
Por otra parte, en la sesión de ayer, la Cámara de Diputados le dio la media sanción faltante a un proyecto de ley, autoría del senador Sergio Flinta, por el cual se modificó la Ley Nº5.552 “Fondo de Desarrollo Rural”.
A partir de los cambios ratificados ayer por Diputados, el Ministerio de Producción también formará parte de la administración del Fiduciario del Fondo de Desarrollo Rural.
La anterior legislación, ahora modificada, establecía que sólo los representantes de los ministerios de Hacienda y de Obras Públicas formaban parte de la administración de dicho Fondo Fiduciario.
La Cámara baja también convirtió en ley un proyecto, de autoría del senador Vicente Picó, por el que se crea la Clínica Jurídica en el ámbito del Ministerio de Gobierno y Justicia.
El Artículo 2 del proyecto aprobado señala que se entiende por Clínica Jurídica “a todo servicio prestado en forma profesional por los estudiosos del derecho, y por abogados jóvenes quienes quieran expandir conocimientos e integrarse al ámbito laboral defendiendo los derechos de aquellas personas que por cuestiones económicas se les impide el acceso a un asesoramiento legal”.
Diputados también le dio el aval necesario para convertir en ley otro proyecto llegado del Senado con media sanción. Al igual que en el caso anterior, se trata de una iniciativa de Picó. El mismo modifica el Artículo 4º de la Ley Nº5655 y crea un Juzgado de Familia en la fronteriza localidad de Paso de los Libres.
Si bien no estaba contemplado su tratamiento en el Orden del Día, Diputados introdujo sobre tablas un proyecto de Resolución por el cual se lo convoca al titular del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente. La “invitación” está relacionada a la denuncia de campesinos de lotes fiscales de San Miguel quienes denuncian expropiación de parcelas para ser utilizados por empresas forestales.
Aeropuerto mercedeño
En la sesión de anoche, la Cámara de Diputados le dio la media sanción faltante al proyecto de ley por el que se declaró de utilizada pública y sujeto a expropiación a dos inmuebles lindantes al aeropuerto de Mercedes.
Una vez que las parcelas, que tiene una superficie total de 257 hectáreas, vuelvan a formar parte de la base aérea, la misma entraría otra vez en funcionamiento.
Según lo señalado en el proyecto de ley, la incorporación de estas parcelas al dominio del Estado provincial resulta “imprescindible” para poner nuevamente en funcionamiento al aeropuerto de Mercedes, que actualmente se halla inhabilitado.
La base aérea del céntrico departamento correntino dejó de funcionar en 2004. El 17 de junio de ese año, el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Mercedes otorgó la titularidad de los dos inmuebles lindantes a “la Sucesión Pinasco”. Cuando el nuevo propietario tomó posesión de las parcelas dispuso una línea de alambrado divisoria con las parcelas vecinas.
Como consecuencia de ello, el aeródromo quedó inhabilitado ya que 800 metros de la longitud total de la pista de aterrizaje (de 1.800 metros) quedaron dentro de los terrenos privados, como así también la calle de rodaje, la plataforma de estacionamiento de aeronaves, el edificio de la torre de control y el hangar: es decir, un 70% de las instalaciones de la base aérea. Por ello se tornó imposible el funcionamiento del aeropuerto desde ese momento, privando del servicio aéreo a esta región de la provincia.
Alegre insiste por fondos
Los integrantes de la comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuesto de la Cámara de Diputados recibieron ayer al electo Defensor del Pueblo de la Provincia, Miguel Ignacio Alegre, y su equipo de trabajo, quienes reclamaron por el juramento del ombusman y el consiguiente acceso al cargo.
Alegre fue respaldado por las dos cámaras legislativas para convertirse en el primer Defensor del Pueblo, entidad creada en la última reforma de la Constitución.
Sin embargo la espera de Alegre comenzó el 3 de junio, cuando el Senado le dio el aval final (un día antes fue el turno de Diputados), y desde entonces espera que se le tome juramento.
Por lo pronto, en el encuentro de ayer con los diputados, Alegre expuso la necesidad de partidas para este organismo.
Lo curioso es que Alegre tiene como “colaboradores cercanos” a Juan Ramón Ferreyra y Marco Costa, quienes fueron candidatos al cargo pero fueron desestimados por la Legislatura.
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