En el salón “Marcos Paz” de la Legislatura de Jujuy, se desarrolló la primera reunión de la Comisión Parlamentaria Investigadora, que fue creada mediante Resolución Nº 11, aprobada en la sesión especial que se desarrolló el lunes por la noche. La misma está integrada por 12 legisladores de las tres bancadas, presidida por Alberto Bernis (UCR), junto a Daniel Almirón (PJ) como vicepresidente y Pablo Baca (UCR) como secretario.
En la primera reunión se sumaron como asistentes los diputados provinciales Alejandra Mollon y Hugo Insauti, quienes colaboraron en la tarea del armado de la agenda de acciones tendientes a investigar todo lo acontecido en el desalojo de terrenos de la empresa Ledesma, en la ciudad de Libertador General San Martín, para luego de 15 días elevar un informe final a la cámara detallando lo investigado y los resultados obtenidos.
La comisión Parlamentaria está integrada por Patricia Arach, Guillermo Snopek, María Elina Domínguez, Héctor Tentor, Daniel Almirón y Jorge Casas, del bloque justicialista Jorge Rizzotti, Olver Legal, Pablo Baca y Alberto Bernis, por la bancada radical;Carolina Moises y Roberto Bidondo, por el Frente Primero Jujuy.
Es objetivo de la Comisión Parlamentaria Investigadora por la Verdad y la Justicia, establecer las responsabilidades políticas que pudieren corresponder por los hechos ocurridos en Libertador General San Martín y dar a publicidad sus conclusiones.
De comprobarse la existencia de delitos, deberá formularse la denuncia judicial correspondiente.
Para el desarrollo de sus tareas de investigación, se le asigna a la comisión las atribuciones de recibir denuncias escritas u orales, y material probatorio sobre los hechos que son objeto de la investigación; equerir y recibir declaraciones testimoniales y efectuar careos; ralizar inspecciones oculares; soicitar informes o requerir el envío de documentación a cualquier funcionario público o persona física o jurídica, estableciendo un plazo perentorio para la presentación del informe o el envío de la documentación; solcitar la colaboración y asesoramiento de personas, instituciones, comunidades y especialistas; denuciar cualquier obstrucción a sus funciones o intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios; requeir la presencia de cualquier funcionario provincial o municipal aún con el auxilio de la fuerza pública, entre otras atribuciones.
La comisión tendrá un plazo de 15 días desde su constitución, pudiendo el mismo prorrogarse por otros 15 días, tras el tiempo transcurrido deberá elevar un informe final a la Cámara de diputados detallando los hechos investigados y los resultados obteni
El PJ reivindicó principios de
institucionalidad y legalidad
En reunión ampliada realizada ayer en la sede de avenida 19 de Abril, el Consejo Provincial del Partido Justicialista se pronunció a favor de la institucionalidad y la legalidad, como alternativa válida y única para superar los problemas habitacionales que se están manifestando de distintas formas y en diversos puntos de la geografía jujeña.
Además de autoridades y miembros del Consejo, del encuentro participaron intendentes, legisladores en todos los niveles y referentes de cuadros militantes, que reivindicaron el mensaje de mesura pronunciado por el gobernador Walter Barrionuevo en las últimas horas del lunes, frente a las tomas ilegales de tierras.
Tras expresar su solidaridad con las familias de las víctimas del jueves pasado en Libertador General San Martín, el órgano partidario manifestó su acompañamiento a las actuaciones cumplidas por los tres poderes del Estado, esto es el llamado a mantener principios de respeto por la institucionalidad efectuado por Barrionuevo y los procedimientos establecidos para facilitar la investigación de hechos de violencia, la expropiación de tierras y la creación de la comisión extraordinaria investigadora aprobadas por los diputados y los lineamientos para asegurar la paz social y el estado de derecho marcados por el Superior Tribunal de Justicia.
La convocatoria del Consejo Provincial del PJ dio lugar a una amplia y activa movilización de bases, visiblemente consustanciadas por los ejes de acción trazados por el titular del Ejecutivo, quien pidió mesura a la gente que está
ocupando terrenos y que no se deje engañar por aquellos que solo buscan generar más conflicto. Adelantó también que se llevará a cabo un censo a estas personas a los fines de ir confeccionando una base de datos de los mismos.
Por otra parte, los presentes condenaron enérgicamente la intervención de “oportunistas”, que valiéndose de las necesidades de la gente, accionan para obtener réditos personales o sectoriales.
Asimismo, se comprometieron a redoblar esfuerzos para acompañar la gestión nacional de Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno provincial que encarna Walter Barrionuevo, en una definición que refleja unidad partidaria ante las complejas circunstancias que son de público conocimiento.
El vicepresidente primero del PJ Distrito Jujuy, Huascar Alderete, enfatizó que “estamos en un todo de acuerdo con el mensaje pacificador del gobernador Barrionuevo, priorizando los procedimientos institucionales y legales para superar cualquier conflicto”.
Aprobaron expropiación
de tierras de Ledesma
A través de la Ley 5679, la Cámara de Diputados de la Provincia declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación 40 hectáreas de propiedad de Ledesma SAAIC.
El proyecto, que fuera remitido por el Ejecutivo, fue aprobado con el voto de la bancada oficialista y del radicalismo. Por su parte, el bloque Primero Jujuy decidió no acompañar la propuesta, entendiendo que toda expropiación debe estar sujeta a estudios preliminares y en base a la demanda habitacional, en este caso de Libertador General San Martín.
El dispositivo prevé que el Ejecutivo cumplimentará los trámites tendientes a la expropiación de la fracción del inmueble referido, pudiendo actuar el procedimiento de expropiación de urgencia y compensar el depósito respectivo con los créditos que correspondan al Estado por tributos adeudados en razón del inmueble. Consigna, además, que el valor de la fracción será establecido de conformidad a la valuación definitiva que efectuará el Tribunal de Tasaciones de la Provincia, con los efectos previstos en el artículo 79 de la Ley 3018.
Originalmente, el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo proponía expropiar solo 15 hectáreas, pero los legisladores consensuaron elevarlas a 40, atento a que en los últimos días los asentamientos ilegales en propiedades de Ledesma experimentaron un crecimiento.
Cabe destacar, que las tierras serán destinadas a satisfacer necesidades sociales en el marco de las leyes Nº 2903 y Nº 3169.









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