Los diputados brasileños aprueban una autoamnistía para los casos de corrupción

Los diputados brasileños aprueban una autoamnistía para los casos de corrupción

Propuesta polémica. La ley, que ahora pasa al Senado, representa el fin de la operación Lava jato, que investiga la trama de coimas en Petrobras.

Por la madrugada de este miércoles, las atenciones de Brasil estaban puestas en la terrible tragedia aérea del equipo Chapecoense, de Santa Catarina. Pero en Brasilia, en la Cámara de Diputados el ambiente no era precisamente de luto. A altas horas, los parlamentarios votaron un proyecto de ley que representa, en los hechos, el fin del caso del Lava Jato; el proceso que investigó la corrupción en Petrobras. La norma prevé el castigo, con embargos de bienes y cárcel, a jueces y fiscales que puedan incurrir en un “abuso de autoridad”. En verdad se trata de la auto amnistía, aunque por la forma no lo parezca, de más de un centenar de legisladores cuyos nombres se vieron involucrados en las coimas de privados, que usaron para los sobornos los propios fondos de la petrolera estatal.

La excusa de los Diputados es elemental. Ellos se habían reunido para tratar un paquete de “10 medidas contra la corrupción”. Pero tergiversaron su esencia y transformaron el texto en una “intimidación” para el sistema judicial. Con 312 votos a favor y solo 132 en contra, dieron formato a un proyecto que ahora pasa al Senado, donde se descuenta su aprobación. Los fiscales del caso Lava Jato advirtieron que “esta es una ley de intimidación y que ocurre precisamente en un momento en que las investigaciones llegan cada vez más cerca de delitos de corrupción practicados por un número significativo de influyentes congresistas”. Indicaron que “esta norma mantiene el mismo espíritu de auto preservación que antes había movido la propuesta de auto amnistía. Ahora la forma es de intimidación a jueces y fiscales, con el objetivo de estancar a sangría, según dicen ellos mismos”.

La ley, que prevé el castigo de “abuso de autoridad”, establece que el magistrado incurrirá en “delito de responsabilidad” si entabla un procedimiento “sin indicios mínimos de la práctica de algún delito”.Esto anula el efecto las “delaciones premiadas” (la figura del arrepentido) que por no ser un indicio en sí mismo –deben requerirse elementos materiales que la prueben- impedirán iniciar el proceso de investigación. También castiga la manifestación de opinión, por parte de un juez, “por cualquier medio de comunicación”, sobre causas iniciadas en el Ministerio Público. Y prohíbe una relación de los magistrados con los partidos políticos.

Para el presidente del Senado Renan Calheiros, cuyo nombre figura en delaciones sobre las coimas en Petrobras, “era obvio que debía ocurrir esa votación. Algunas propuestas que tenía el proyecto original (luego desfigurado por los diputados) solo podrían ser aceptadas en un régimen fascista”. Y agregó: “No es esa la democracia que se quiere en Brasil”. Los juristas, en su mayoría, concordaron que la ley de abuso de autoridad, que viene de la época de la dictadura militar, “precisa ser modificada”. Walter Maierovitch, un reconocido constitucionalista, sostuvo que “el problema es el momento en que se eligió para hacer votar ese proyecto: queda con cara de retaliación contra el ministerio público y la justicia, por causa de la operación Lava Jato”. El ex juez Marlon Reis, subrayó que la ley funcionará como “una espada en la garganta del Ministerio Público y de los propios jueces”.

En una declaración los fiscales que acompañaron al juez Sergio Moro, en esta causa que lleva ya tres años –y que llevó a la prisión a conocidos empresarios y algunos ex legisladores y ex políticos- admitieron que el proyecto votado por Diputados establece “el comienzo del fin”. Por eso mismo, los miembros de la fiscalía advirtieron que si esto prospera, ellos irán a renunciar en bloque.

Citado por Folha de Sao Paulo, Davi Tangerino, profesor de la Escuela de Derecho de la Getulio Vargas, juzgó evidente que “los diputados no están comprometidos en la lucha contra la corrupción”. Sin embargo evaluó que los efectos de la ley no serán tan negativos: “Es más, lo considero más positivo. La Cámara aprobó medidas que aumentan el poder del Ministerio Público al crear algunos tipos de delitos penales. Pero también creó medidas de responsabilidad de aquellos (jueces y fiscales) que se abusen del poder”.

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