Desde el bloque de Correntinos por el Cambio dejaron en claro, desde el 10 de diciembre de 2010, que le contarían las costillas al Gobierno radical y a sus funcionarios, controlando el fiel desempeño de sus funciones y marcándoles la cancha en caso de observar alguna "anomalía".Por ello, del diputado justicialista Carlos Rubín picó en punta y le midió el saco al titular del Ejecutivo provincial y por consiguiente a su compañero Aníbal Godoy (ministro de Obras Públicas).
En los corrillos del Gobierno y del mismo PJ se entiende esta solicitud como un misil encubierto contra las líneas no sólo del Gobernador, sino también del peronista opositor que hoy ocupa un cargo en el Gabinete provincial: Aníbal Godoy.
Rubín expresó en su iniciativa que la comunicación entre el Estado provincial y un Municipio responde a un mínimo de coordinación interjurisdiccional que permita a la Comuna conocer la existencia de un proyecto provincial en su territorio.
Según expresa la misiva del diputado, actualmente no se está realizando la comunicación indicada, incluso las obras se realizan sin presentación alguna de documentación a la Comuna, "planteándose conflictos innecesarios entre ambos niveles de gobierno, que se subsanarían en la medida que se cumpla con el precepto constitucional", señala la iniciativa.
El legislador justicialista redobla en su pedido la apuesta y desliza a Ricardo una contundente apreciación al señalar la necesidad de "rescatar" el respeto, perdido por parte de la Provincia de la institucionalidad "que se hace inevitable para construir ordenadamente una provincia planificada y no desperdiciar esfuerzos y superponer recursos, tan necesarios de optimizar para todos los correntinos".
De esta manera, la Cámara de Diputados de la Provincia apunta ahora al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Godoy, al Instituto de Vivienda de Corrientes y a los organismos provinciales respectivos, el indispensable cumplimiento de la obligación constitucional prevista en el artículo 234 de la Constitución, debiendo comunicar al municipio competente el proyecto de una obra o servicio a realizarse en su jurisdicción.
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