En tiempos de la videovigilancia, cuando las señales, movimientos y compañías de la gente quedan registrados en un centro tecnológico de chusmerío institucional, el diputado hinojense César Valicenti (La Cámpora) presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de regulación de las cámaras de seguridad. Técnicamente, es una iniciativa necesaria en medio del avance masivo y con pocas limitaciones de este tipo de vigilancia. Políticamente, es una señal inequívoca para Sergio Massa y José Eseverri. Massa gobierna un distrito blindado por cámaras. Con menor pasión pero el mismo convencimiento, los lugares claves de Olavarría también están poblados de ojos vigilantes.

El legislador provincial quiere que cada cámara sea colocada en un lugar visible y que haya carteles que avisen de su existencia (artículo 3). No hay incógnito para la vigilancia.

Después deja en claro la prohibición de la instalación en "probadores, vestidores, baños, ante baños, e interiores de hoteles, residenciales, moteles o albergues transitorios, como así también, en todo otro lugar donde se pueda afectar la intimidad y privacidad de las personas". En ese sentido, el artículo 5 sostiene que "no podrán ni deberán afectar el derecho a la intimidad y privacidad de las personas, sólo podrán emplearse para la preservación de la seguridad de la comunidad o del ámbito donde se las utilice".

Fundamentalmente, determina que "las imágenes y sonidos obtenidos tienen carácter confidencial y que las mismas sólo podrán ser requeridas por Magistrados o Fiscales, que se encuentren abocados a la investigación y/o al juzgamiento de causas contravencionales o penales vinculadas con lo filmado". Este postulado del proyecto de Valicenti se choca frontalmente con la política del intendente José Eseverri de publicar profusamente videos de las cámaras de vigilancia sobre robos y accidentes.

Valicente quiere, además, un registro de "de personas públicas o privadas que utilicen videocámaras, especificando su finalidad, ubicación, características técnicas y/o tecnológicas, propiedad, personal a cargo y responsable/s de su funcionamiento y control". Y pretente que sean "garantes de confidencialidad".

Las primeras cámaras de seguridad aparecieron en la provincia de Buenos Aires entre 2009 y 2010 y al mismo tiempo surgió la discusión en Olavarría. Tanto Eseverri como Sergio Massa fueron pioneros de este estilo de seguridad. Hoy Tigre tiene 800 cámaras y acaba de poner en práctica robots voladores. Olavarría cuenta con unas 150.

La discusión eterna pasa por los niveles de efectividad: difícilmente las cámaras prevengan el delito y sólo generen un traslado de la actividad ilegal hacia donde no estén instaladas. Máxime si, como impulsa Valicenti, existen carteles que digan "Aquí hay cámaras". En Olavarría tampoco han podido evitar que se fuguen peligrosísimos delincuentes, según lo observado en estas horas últimas. Y sí se publicita la identificación de rateros y ladrones filmados en el momento del robo.

Con Londres y Madrid (ciudades hiperfilmadas) cuestionándose profundamente la eficacia del sistema de vigilancia en el mismo momento en que se ponía en práctica en la Provincia, existe un segundo problema que es el desarrollo escandaloso del negocio de la seguridad con empresas determinadas y sociedades políticas (y mediáticas) clave puestas a vender los sistemas. Algunas resistencias a esos negocios impuestos les han costado la cabeza a intendentes del conurbano que no estaban en la lista de los peores.

La lógica clara -en los últimos años- de la venta de equipos a determinados municipios (pueden ser Tigre y San Martín) por parte de grupos empresariales conformados por nombres como Montoto y Hadad (en supuestas antípodas ideológicas); la constante consecución de primicias por parte del canal C5N a partir de imágenes tomadas por cámaras de seguridad y la derrota del intendente de San Martín, Daniel Ivoskus a manos del massista Katopodis demuestran que los negocios no tienen ideas ni principios. Son sólo negocios. Y se ven por televisión.