La Diputada Graciela Boyadjian había elevado un escrito con cinco puntos de los cuales el funcionario nacional solamente respondió a uno de ellos. Ante esto, y al momento de hacer uso de la palabra, insistió en las consultas hacia el Jefe de Ministros.

Los puntos elevados por la vía escrita fueron: el impacto generado por la implementación del “dólar petrolero” en los recursos económico-financieros de las provincias productoras, el futuro del Decreto 751 que eliminó los beneficios de la promoción industrial a las empresas hidrocarburíferas, las Declaraciones Juradas de Anticipo de Importaciones (DJAI), la situación aduanera y fiscal de las zonas francas en las Ciudades de Río Gallegos y Caleta Olivia (Decreto 1388/13), y por el seguro especial obligatorio de accidentes personales para los vehículos que tengan matrícula extranjera y que ingresen provisoria o temporalmente al Chile.

Según trascendió, la única respuesta enviada por escrito fue la relacionada con éste último planteo. En tal sentido, Jorge Capitanich, indicó que “el 20 de marzo la Embajada Argentina en Chile comunicó que, consultada la Cancillería chilena, las autoridades informaron que no tienen fecha para comenzar a exigir el SOAP a los vehículos que ingresen a su territorio”. Al respecto la Diputada dijo que “queda en claro que aún no se ha resuelto la cuestión de fondo, pese que se viene demorando la implementación de la medida. Vamos a pedir una reunión con la Cancillería y la Superintendencia de Seguros de la Nación, para analizar el tema”.

Durante la sesión

Luego, en la sesión, la Diputada por Tierra del Fuego insistió con las preguntas no respondidas por escrito, iniciando con una cerrada defensa de la Ley 19640, indicando que “los fueguinos nos negamos a aceptar una visión restringida de nuestro régimen de promoción. No aceptamos que se interprete sólo con criterio fiscalista, y peor aún, que se saquen cuentas a la ligera sobre el supuesto impacto fiscal, confrontándonos con el resto de la Nación”.

Luego reformuló las preguntas diciendo: “Queremos saber si existe algún tipo de planificación de corto, mediano y largo plazo prevista por el gobierno nacional en relación con la restricción del 20 por ciento en la aprobación de las declaraciones juradas de anticipo de importaciones. En tal caso, pedimos que nos detalle cuál o cuáles son las áreas responsables de su implementación, ya que los empresarios nos manifiestan que unos responsabilizan a otros y nadie resuelve las cuestiones de fondo. La segunda pregunta es cuánto ha recaudado la Administración Federal de Ingresos Públicos por haber dejado sin efecto, mediante el decreto 751, los beneficios impositivos y aduaneros para nuestra industria hidrocarburífera previstos en la ley 19.640. Quisiera saber si se encuentra en análisis algún tipo de compensación para las inversiones en el sector que se han visto afectadas en Tierra del Fuego, o algún tipo de estímulo fiscal a nuestra provincia”.

Según la diputada Boyadjian, las respuestas obtenidas por el Ministro dejan en claro que la solución al tema de las importaciones, pasa por los propios empresarios, es decir, que quedan liberados a sus propias capacidades. Como respuesta, el Ministro manifestó: “la cuestión central con respecto al régimen de Tierra del Fuego tiene que ver con la posibilidad de obtener financiamiento desde el punto de vista del crédito comercial a los efectos de la obtención de financiamiento para los insumos importados que son procesados localmente en el proceso de industrialización como bienes e insumos intermedios para la producción de los bienes finales.

Este contexto tiene que ver con el problema de cómo se afecta el régimen desde el punto de vista del balance de divisas. Lo que nosotros hemos planteado claramente es la posibilidad de que las empresas establezcan un sistema de financiamiento vía crédito comercial que expanda los plazos y las condiciones a los efectos de que el balance de divisas sea administrado de un modo razonable. Esa es la filosofía que inspira a este instrumento de carácter jurídico.(…) es absolutamente imprescindible que los empresarios trabajen también con un sistema de crédito comercial de más largo plazo que no afecte el balance de divisas de corto plazo”. En tal sentido, la diputada insistió con que “el Estado no puede desentenderse de una situación que ellos mismos crearon y tienen la obligación de encontrar mecanismos que le permitan a los empresarios salir de este contexto”.