A menos de seis meses de haber asumido el gobierno de Brasil, la presidenta Dilma Rousseff sufrió ayer su primera gran derrota parlamentaria, cuando la Cámara de Diputados aprobó una ley que establece modificaciones en el Código Forestal que debilita la protección de los bosques y concede una amnistía a los responsables de deforestaciones ilegales realizadas hasta 2008.

La abrumadora mayoría de la coalición pro gubernamental no logró impedir que el principal socio del gobierno, el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), lograra aprobar con 272 votos a favor una enmienda a la que el líder de la bancada oficialista, Cándido Vaccarezza, había calificado como “una verdadera vergüenza para Brasil”.

La propuesta aprobada concede amnistía a todas las deforestaciones ilegales realizadas hasta julio de 2008, y le quita al gobierno federal el poder exclusivo para definir las actividades de agroganadería que pueden ser desarrolladas en las llamadas Áreas de Preservación Permanente (APP).

La fragilidad de la heterogénea coalición oficialista quedó evidenciada cuando el líder del PMDB, el diputado Henrique Eduardo Alves, pidió a los ministros de su partido que cesaran las presiones sobre los parlamentarios para que votaran en contra de la polémica enmienda. “Antes que ministros, ustedes son ministros de mi partido”, dijo Alves en un discurso que fue recibido con honda irritación por el gobierno.

Su arenga fue eficaz: de los 73 representantes del PMDB, sólo uno rechazó el proyecto, tal como lo deseaba el gobierno.

Según el director de la Campaña Amazonia de la organización ambientalista Greenpeace, Paulo Adario, el resultado de la jornada de votaciones que terminó ayer de madrugada “no podría haber sido peor”.

Adario argumentó que la enmienda del PMDB agregada al texto significa “amnistiar a todos los deforestadores del pasado, lo que significa que los que cumplieron la ley fueron unos imbéciles”.

La votación del Código Forestal dejó evidente el poderío de la llamada “bancada ruralista”, que lucha por quitar los frenos a la expansión de la actividad agropecuaria –básicamente para ampliar el cultivo de soja–, que se produce a expensas de los bosques.

Según Greenpeace, el proyecto aprobado por los diputados “incentiva la expansión sobre lo que va quedando de los bosques nativos, al reducir las exigencias para que las haciendas mantengan un porcentaje de sus terrenos con la cobertura vegetal originaria y al debilitar la capacidad de gestión del Estado sobre el patrimonio ambiental brasileño”.

Además, la organización sostuvo que el cambio en la legislación forestal generará “un impacto negativo para la diplomacia” del país y pone en duda la capacidad de Brasil para cumplir el compromiso de reducir sus emisiones de gases causantes del llamado efecto invernadero en hasta un 38,9 % en 2020.

La esperanza de la presidenta de evitar estas consecuencias se trasladan ahora al Senado, que en breve deberá votar el texto aprobado por los diputados.

El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff intentará hacer valer la amplia mayoría oficialista y reducir las “traiciones” de los partidos aliados. De fracasar este intento, Rousseff ya aseguró que, pese al desgaste político que supone la medida, vetará las disposiciones que considere perjudiciales al esfuerzo del gobierno por frenar la deforestación, que es responsable de casi dos tercios de las emisiones brasileñas de gases causantes del cambio climático.<