La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, se comprometió a promover un plebiscito sobre la posibilidad de adelantar las elecciones previstas para 2019, siempre que fuera absuelta en el juicio político que enfrenta y recuperase el poder.

Rousseff anunció ese compromiso por medio de un pronunciamiento, en que presentó los términos de la llamada "Carta a los Brasileños", divulgada diez días antes de que el Senado inicie la fase final del proceso que puede acabar con su destitución.

En ese pronunciamiento, la mandataria insistió en su inocencia de las acusaciones de irregular manejo de los presupuestos, dijo que si se llega a su destitución Brasil estará ante un "golpe de Estado" y sostuvo que la solución para la crisis política y económica del país "pasa por el voto popular en unas elecciones directas".

Rousseff fue suspendida de sus funciones el pasado 12 de mayo, cuando el Senado instauró un proceso de destitución cuya fase final comenzará el próximo 25 de agosto y se prevé que durará entre tres y cinco días, posiblemente con su condena y desalojo del poder.

Dilma perderá el cargo si así lo decide una mayoría calificada de 54 votos (dos tercios del Senado), que los partidarios de su destitución ya parecen haber consolidado.

Hace díez días, en una votación que dio continuidad al proceso, los votos favorables a que se llegue a la destitución sumaron 59, frente a 21 que pidieron archivar la causa.

Según Rousseff, si se "reconoce" su inocencia y es absuelta, caso el que recobraría el poder, "será reafirmado el Estado democrático de Derecho y se deberá construir una nueva jornada política", que lleve a adelantar las elecciones previstas para octubre de 2018.

En caso de que Rousseff sea finalmente destituida, su mandato lo completará Michel Temer, quien como vicepresidente la sustituye en el cargo desde el momento de su suspensión.

El juicio comenzará el jueves 25 y su finalización está prevista entre el 29 y el 30 de agosto; el defensor de la mandataria, José Eduardo Cardoso no confirmó si Rousseff hará uso del derecho de expresarse frente a los senadores. Es la primera vez que un presidente se mantiene sin renunciar hasta el fin de un juicio político: en 1992, Fernando Collor de Mello, en pleno proceso de destitución, pero por delitos de corrupción, renunció al cargo.

La defensa de Rousseff sostiene que los peritos contables y un fiscal federal eximieron de culpa a la presidenta en tres decretos y en la redistribución de partidas presupuestarias y que el proceso es un "golpe" que el Congreso da para evitar que continúe la Operación Lava Jato.

Cardozo sostiene que hubo "desvío de poder" en el juicio político, ya que fue autorizado en diciembre por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, mano derecha de Temer, porque Rousseff se negó a protegerlo de sus múltiples acusaciones de corrupción.