El escándalo de sobornos en Petrobras ya genera severos estragos en la imagen de Dilma Rousseff. El apoyo a la presidenta se derrumbó a un escaso 13%, según una encuesta de Datafolha revelada ayer, cuando el gobierno presentó un paquete de medidas anticorrupción para intentar recuperar popularidad.

"Somos un gobierno que no transige con la corrupción y tenemos el compromiso y la obligación de enfrentar la impunidad que alimenta la corrupción. Estas medidas fortalecen la lucha contra la impunidad. Esta impunidad es el mayor factor que garantiza la reproducción de la corrupción", destacó Dilma al anunciar las medidas, tres días después de que más de un millón y medio de personas desbordaron las calles del país en reclamo de la destitución de la presidenta por su presunta responsabilidad en el caso de Petrobras y la mala gestión económica.

Iniciado su segundo mandato hace apenas dos meses y medio, el gobierno de Dilma se ha visto asediado por los problemas. Según el nuevo relevamiento de Datafolha, un 62% de los encuestados califica su administración como mala o muy mala; se trata del nivel más alto desde septiembre de 1992, semanas antes de que el entonces presidente Fernando Collor de Mello, con 68% de rechazo, fuera separado del cargo por el Congreso para enfrentar un juicio político por corrupción. Finalmente Collor renunció dos meses después y evitó el impeachment.

Desde el anterior sondeo de Datafolha, el 5 de febrero, la popularidad de Dilma perdió diez puntos; el porcentaje de personas que consideran su gobierno como bueno o muy bueno pasó de 23% a 13%.

"Con excepción de los simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT) y de sus propios electores, todos los demás segmentos socioeconómicos, políticos o demográficos reprueban mayoritariamente el desempeño de Dilma Rousseff. Incluso en los estratos más beneficiados por las políticas sociales del gobierno, el rechazo se disparó", explicó Mauro Paulino, director general de Datafolha.

Es que desde el mes pasado el escándalo de corrupción de Petrobras adquirió una dimensión política muy negativa para el gobierno. El Supremo Tribunal Federal (STF) aceptó el pedido de la Procuraduría General de la República para abrir investigaciones sobre 47 políticos que se habrían favorecido del cobro de coimas a empresas constructoras interesadas en obtener contratos con la petrolera estatal; de ellos, salvo uno, el resto pertenecen al PT o a sus principales partidos aliados. Incluso el tesorero del partido oficialista, João Vaccari Neto, fue acusado por el Ministerio Público de ser uno de los nexos clave del esquema de corrupción por el que se habrían financiado campañas petistas.

En este mes, además, el estado de la economía ya de por sí estancada ha seguido en firme deterioro: la inflación trepó a un 7,7%, el real se devaluó un 30%, y las previsiones indican que este año el PBI se contraerá un 0,7%.

Ante este panorama negativo, y buscando aprovechar al máximo el clima popular en contra de Dilma, ayer las principales fuerzas políticas de la oposición, encabezadas por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), elevaron al STF un pedido para que también se investigue a la presidenta dentro del marco del esquema de sobornos de Petrobras, pese a que la Procuraduría General de la República había desistido de esa movida. Por "errores técnicos" en la documentación, el STF rechazó la solicitud de los opositores, pero es muy probable que reiteren su pedido pronto.

Mientras tanto, Dilma procuró ayer ganar terreno de cara a la sociedad y presentó el paquete legislativo anticorrupción que ya había anunciado que realizará el domingo. Las medidas, que dependen de la aprobación del Congreso, son básicamente un refrito de propuestas ya hechas en 2013, tras la ola de protestas que sacudió al país en contra de los gastos por el Mundial de fútbol de 2014 y en reclamo de mejores servicios públicos.

Las iniciativas apuntan a tipificar como delito penal el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos para sus campañas electorales; pretenden extender a todos los funcionarios públicos la ley que no permite que personas con procesos penales aspiren a un cargo electivo; endurecen las penas por enriquecimiento ilícito tanto en el ámbito público como en el privado, y proponen reglamentar y agilizar los trámites para la confiscación de bienes obtenidos por actividades de corrupción..