Por Alberto Armendariz

RÍO DE JANEIRO.- Tras los reveses judiciales que sufrió en el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y en el Tribunal Superior Electoral (TSE), que acercaron la posibilidad de que sea sometida a un impeachment, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, convocó ayer a una reunión de gabinete para analizar la peligrosa situación en la que quedó, aunque el presidente de la Cámara de Diputados, el opositor Eduardo Cunha, advirtió que las próximas batallas en el Congreso tomarán tiempo.

"No va a ser un embate rápido, pues el trámite es lento", señaló Cunha en relación con el análisis que debe hacer ahora la comisión mixta de presupuesto sobre los balances contables del año pasado que el TCU le rechazó al gobierno por numerosas irregularidades.

Según esa corte auditora, en un intento de maquillar el déficit, el gobierno retrasó transferencias de fondos a los tres bancos públicos -el Banco do Brasil, la Caixa Económica Federal y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social- con los que las entidades debían pagar cuotas de programas sociales.

Los bancos se vieron forzados a utilizar entonces recursos propios, lo que en la práctica representa un préstamo al gobierno que tendría que haber sido autorizado por el Congreso. Para el TCU, Rousseff incurrió en un delito de responsabilidad fiscal que puede ser sustento legal para iniciar un proceso de juicio político en el Congreso, como busca la oposición.

Antes, sin embargo, la opinión del TCU debe pasar por la comisión mixta del Parlamento, y luego los legisladores deben votar por el comienzo del impeachment. Si se llegara a esa instancia, la presidenta debería dejar el poder y asumiría el vicepresidente, Michel Temer, perteneciente al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

"No hay plazo, eso va a demorar. Probablemente no sea revisado este año por la comisión mixta; creo que es difícil que ellos consigan hacerlo este año", apuntó Cunha, también del PMDB, aunque él personalmente se ha declarado opositor al gobierno.

El presidente de Diputados es el encargado de aceptar o rechazar cualquier pedido de impeachment que llegue a la Cámara, y tiene en sus cajones aún un par de solicitudes civiles sobre las que debe decidir, lo que podría precipitar una movida en ese sentido antes de que la comisión mixta evalúe las cuentas oficiales. Sobre todo si se tiene en cuenta que Cunha está acusado de beneficiarse del esquema de corrupción en Petrobras y podría utilizar un juicio político contra la presidenta para desviar la atención de las denuncias en su contra.

Como sea, en el gobierno prefieren no dejar nada librado al azar. Antes de viajar de visita a Colombia, en la reunión con sus ministros, Rousseff los urgió a definir una estrategia de defensa tanto en el caso del TCU como en el del TSE. El tribunal electoral decidió abrir una investigación sobre el financiamiento de la campaña de reelección el año pasado de Rousseff y Temer, sospechada de haber recibido dinero ilegal desviado del petrolão; de ser hallados culpables, sus mandatos serían impugnados, asumiría la presidencia Cunha y deberían celebrarse nuevos comicios en 90 días.

Ante este escenario político-judicial cada vez más complicado, el gobierno buscará garantías tanto en el Congreso como en el Supremo Tribunal Federal (STF), al que apelaría como último recurso.

"La presidenta es una guerrera; opera muy bien en dificultades. Vamos a dar batalla en el juicio que se haga en el Congreso", señaló el nuevo jefe de gabinete, Jaques Wagner, al terminar la reunión en el Palacio del Planalto.

Internamente, en el gobierno se reconoció que fue un error político haber intentado remover el lunes al juez que supervisaba el caso en el tribunal auditor, Augusto Nardes, quien recibió el apoyo de sus pares. Nardes avivó ayer el enfrentamiento con el gobierno al señalar que tiene fuertes indicios de que las maniobras fiscales sospechosas -apodadas "pedaleadas fiscales"- continúan en la actualidad.

En tanto, desde la oposición se aplaudió la independencia de las instituciones, y la principal fuerza opositora, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), resaltó que está lista para asumir las consecuencias de sancionar al gobierno, aunque sea a través de un impeachment.

Opiniones

Es imposible que Dilma no supiera

Miguel Reale (h.)

Ex ministro de Justicia

Ya todo apuntaba a una condena de las cuentas públicas presentadas por el gobierno, porque las "pedaleadas" ya habían sido consideradas una violación a la ley de responsabilidad fiscal. Y el argumento de que otros gobiernos ya hicieron lo mismo no es válido. El gobierno afirmó que había superávit primario cuando en realidad era deficitario. Para colmo, en diciembre, emitió decretos sin número en los que autorizó créditos suplementarios para ministerios, sin autorización del Legislativo. Eso es algo inédito en la administración pública y es de una gran irresponsabilidad. Las "pedaleadas" explican la recesión en la que nos encontramos. Dilma mantenía encuentros diarios con un equipo que hace "pedaleadas" con las cuentas: es imposible que no supiera nada. Y eso es motivo de juicio político.

No hay elementos para juicio político

Dalmo Dallari

Jurista de la Universidad de San Pablo

Me parece profundamente lamentable que el pronunciamiento del TCU sea político y no jurídico. Más allá de eso, creo que el resultado es indiferente para la discusión del juicio político, porque la presidenta no puede ser responsabilizada por actos ajenos al ejercicio de su mandato. Las "pedaleadas" son actos formales y administrativos del equipo económico, realizados sin interferencia de la presidenta. Las cuestiones formales no caracterizan un acto de mala fe ni dan pie a la configuración de un "crimen de responsabilidad". Además, las "pedaleadas" no violan la ley de presupuesto, porque no desvían recursos hacia actividades no autorizadas y porque Dilma no ha sacado ninguna ventaja personal de las cuentas del gobierno. Esos dos elementos son necesarios para un juicio político y no están en este caso.

Es un "crimen de responsabilidad"

Helio Bicudo

Jurista, ex miembro del PT

El relator del proceso, Augusto Nardes, hace un estudio en profundidad de las cuentas del gobierno y expone claramente los delitos de la presidenta, entre ellos, las "pedaleadas fiscales" y los decretos sin apoyo del Legislativo. Era imposible que los otros ministros del TCU votaran en disidencia frente a lo expuesto por el relator. Por lo tanto, era previsible un pronunciamiento unánime del TCU. Aprobar las cuentas públicas de 2014 presentadas por Dilma sería un absoluto sinsentido. Sin duda alguna, el pronunciamiento impulsa con fuerza mi pedido de juicio político, porque muestra que las irregularidades que señalé en los documentos son de hecho delictivas e indican un "crimen de responsabilidad" que, según la Constitución, alcanza para remover de su cargo al jefe del Ejecutivo.