Dilma apela al capital privado para lanzar un ambicioso plan de obras

Dilma apela al capital privado para lanzar un ambicioso plan de obras
Con el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 en la mira, se invertirán unos 70 mil millones de dólares

en dos años a través de concesiones y privatizaciones, especialmente en los sectores del transporte y la logística.

Brasil pretende modernizar su infraestructura de comunicaciones –carreteras, red ferroviaria, hidrovías y puertos–, y para ello la presidenta Dilma Rousseff anunciará hoy un paquete de concesiones al sector privado que demandará, de aquí a 2014, inversiones por un total estimado en 70 mil millones de dólares. La novedad se conoció sólo horas antes de que la justicia ordenara la paralización de las obras de la hidroeléctrica de Belo Monte, en la región amazónica de Xingú, uno de los más ambiciosos proyectos energéticos en marcha (ver aparte).

La difusión de los planes de infraestructura llegó un día antes del acto público en el que se espera que Rousseff anuncie hoy las privatizaciones en las áreas del transporte y la logística, algo exigido por el sector privado pero no previsto en el programa originario del gobernante Partido de los Trabajadores. “Necesitamos ampliar nuestra redes férreas y las hidrovías, que en un país continental como Brasil son excelentes alternativas para el transporte de pasajeros y carga, pero también necesitamos invertir en carreteras, aeropuertos y puertos”, escribió Rousseff en su columna semanal "Conversación con la Presidenta".

La mandataria anunciará el plan junto con los principales empresarios del país y con el objetivo, dijo, de acelerar los proyectos de infraestructura planificados por el gobierno para reducir el llamado “costo Brasil”, un fuerte reclamo del sector privado para superar los problemas logísticos que se le plantean al sector exportador. “Vamos a invertir unos 70 mil millones de dólares de aquí a 2014. La infraestructura de transporte necesita ser ampliada y modernizada, porque esto hará a Brasil más competitivo, estimulará la economía, generará empleo y mejorará la calidad de vida todos”, sostuvo la presidenta.

El primer tramo del paquete de concesiones a la iniciativa privada prevé la entrega para su explotación durante los próximos 25 años de 5700 kilómetros de carreteras. Los beneficiarios deberán duplicar el ancho de las rutas y para ello estarán autorizados a cobrar un peaje a los usuarios. Por otras transferencias, el capital privado deberá renovar o construir 8000 kilómetros de vías férreas por las que podrán circular trenes de la empresa beneficiada y otras compañías. La semana próxima será el turno de otro conjunto de “privatizaciones temporales”, en este caso en el sector portuario.

En septiembre, por último, se esperan anuncios sobre la participación de empresas privadas en los aeropuertos internacionales de Río de Janeiro y Minas Gerais, pero en ambos se cree que el Estado conservará el control del paquete accionario. El año pasado, y en el marco de la reforma en infraestructuras a la que está abocado el gobierno con miras al Mundial de Fútbol de 2012 y los Juegos Olímpicos de 2016, Rousseff privatizó a cambio de una inversión de 14 mil millones de dólares, las tres terminales aéreas que reciben el mayor flujo de pasajeros y carga: San Pablo, Brasilia y Campinas (estado de San Pablo). En los tres casos, el Estado retuvo el 51% de las acciones. «

Ansa y dpa

paralizan una hidroeléctrica

Por graves irregularidades en el proceso de autorización, la justicia brasileña ordenó la paralización de las obras de la hidroeléctrica Belo Monte, en la región amazónica de Xingú, una mega central que producirá 11 millones de kilovatios/hora. Si la constructora Norte Energía no cumpliera la orden judicial, deberá pagar una multa diaria de 250 mil dólares. Si bien admite errores en un fallo anterior del Tribunal Supremo, el relator de la causa, Souza Prudente, cargó las tintas sobre el Congreso. "Actuó como en una dictadura y autorizó la obra antes de contar con los estudios técnicos necesarios", dijo. "De acuerdo con la ley, para el inicio de una obra el poder público debe exigir un estudio previo de impacto ambiental, no uno póstumo. Esa es la primera premisa equivocada", agregó Souza. También criticó al Congreso por no haber consultado a los indígenas de la región.

Dpa

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