El futuro de la ley de "superpoderes" que impulsó el Poder Ejecutivo sigue siendo incierto: en la Cámara de Diputados, el oficialismo no tiene garantizados los votos para su sanción. Y, si así fuese, el Frente de Todos se arriesga a volver al punto de partida: que la ley que impulsó para evitar la judicialización de la gestión de la pandemia termine judicializándose.

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La decisión por parte del Ejecutivo de enviar una ley para gestionar la pandemia  surgió con un claro objetivo: evitar que la implementación de una medida restrictiva termine en la Justicia como consecuencia de la falta de consenso entre el gobierno nacional y las provincias o CABA. Como ocurrió cuando, de manera unidireccional, el Ejecutivo decidió que las escuelas del AMBA debían volver a la no presencialidad. 

El asunto terminó en la Corte Suprema y el Gobierno se anotó una derrota. Tras ese resultado, busca que sean "los datos objetivos" -y no los acuerdos- los que determinen cuándo en una provincia debe cerrarse o no las escuelas. 

Pero, para que el Gobierno recorra ese camino circular, como auguran desde algunos sectores de la oposición, el oficialismo debería tener el camino allanado en la Cámara baja, lo que, al menos hasta ahora, no ocurre. 

Desde la propia bancada oficialista, algunos de los diputados que llevan el conteo fino, no confían en sumar los votos suficiente para sancionar la ley. Apenas cantan victoria para la firma del dictamen. Es que ni siquiera es un hecho que sumen los 129 presentes necesarios para hacerse del quórum y que el debate en el recinto quede habilitado. 

Es por ello que algunos opositores interpretan que el hecho de que el oficialismo siga sin convocar a tratar el tema comisión, pese a que el texto ya haya sido girado por el Senado, es una señal de que los votos no están.

Más allá de que el oficialismo logre hacerse con la firma del dictamen, el panorama sigue siendo incierto. Y son varios los caminos que se le abren al FdT por delante. Podría optar por patear el tratamiento de la ley en el recinto y "repartir zanahorias" entre los diputados de los que dependen hasta que la balanza se incline a su favor. O bien, arriesgarse a una derrota. Y, como le dijo un diputado oficialista a este medio, dejar en evidencia a la oposición por su falta de cooperación en la gestión de la pandemia.

"Si tuvieran los números, nosotros igual vamos por el rechazo", aclararon desde la principal bancada opositora, al tiempo que anticiparon que, de ser así, "el capítulo siguiente es la judicialización". No necesariamente serían las provincias las que tomen cartas en el asunto, sino que, tal como ocurrió en CABA, podrían ser colectivos de padres, por caso, los que intenten frenar la iniciativa para que sus hijos no deban retornar a la no presencialidad.

Por ahora, cualquier afirmación es pura ficción. Es que de los 255 votos que suma la Cámara baja (su presidente, Sergio Massa, solo vota en caso de empate y José Ignacio de Mendiguren está de licencia) serían 124 los diputados que votarían a favor del texto. En tanto, son 126 los legisladores que ya se da por descontado que votarán en contra de la iniciativa. Que el texto reciba luz verde en el recinto y se convierta en ley está en manos de cinco diputados que siguen sin definir su postura.

Pero resta agregar un dato más. La última sesión terminó aplazándose, cuentan en off, no porque se avizoraba que un extenso debate. Sino porque el oficialismo no contaba con el quórum para votar el Consenso Fiscal 2020. Prueba de ello es el acta de votación del proyecto anterior. 

Si Juntos por el Cambio hubiese decidido levantarse de sus bancas, hubiese quedado en evidencia que el Frente de Todos había sufrido tantas bajas que ni siquiera tenía quórum para aprobar el proyecto que modifica Ganancias para las empresas. Si no hubiese sido porque en la oposición no había "animus levantandi", como le dijo un diputado a El Cronista, habría quedado en evidencia las dificultades que tiene el Frente de Todos para sostener el quórum incluso para leyes claves, sobre todo para los gobernadores.