El juzgado de instrucción de la Cuarta Nominación de Rosario tiene entre sus expedientes en trámite dos investigaciones administrativas que la Dirección de Asuntos Internos elevó –una en diciembre pasado y otra este lunes último- referidas a los bienes que los comisarios Néstor Arismendi (en actividad) y Rodolfo Romero (retirado) adquirieron mientras fueron oficiales de la policía santafesina y no pudieron justificar.

Ambas pesquisas sobre los patrimonios se hicieron en base a ley vigente 12.238, que permite a la Dirección de Asuntos Internos recurrir a distintas agencias del Estado e instituciones privadas, como bancos, para establecer el crecimiento patrimonial de los funcionarios policiales en caso que haya sospechas de un crecimiento injustificado.

En el caso del comisario retirado Romero la investigación de inició en 2007. Cinco años después se le requirió desde Asuntos Internos, en base a la información colectada, que justifique su patrimonio. Entre los bienes que figuraban a nombre del ex comisario y su entorno aparecían autos y bienes inmuebles, en la ciudad de Rosario y en las localidades cordobesas de Capilla del Monte y La cumbre, en esta última ciudad turística adquirió un Hostal valuado en 230 mil dólares por los investigadores. (Ver notas relacionadas de archivo)

Romero presentó en tiempo y forma su escrito de justificación patrimonial pero la Dirección de Asuntos Internos elevó las actuaciones en diciembre e 2012 “para un adecuado control jurisdiccional de lo actuado en razón de la dimensión del aumento patrimonial que se había constatado sugiriendo, si corresponde, la realización de una pericia contable integral de los ingresos y egresos del encartado y su grupo familiar a efectos de establecer su real capacidad económica”, explicaron desde la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

“Chucho” no está “chocho”

Néstor “Chucho” Arismendi no llegó, en los papeles, a ser el jefe de la Plana Mayor de la policía. Según explicó el ministro de seguridad Raúl Lamberto en su paso por la Legislatura el año pasado, porque sencillamente “no firmé ningún decreto en ese sentido”, dijo el funcionario. “Chucho” se retira en marzo de este año, tras 30 años de servicio, y 5 años después que se abriera en la Dirección de Asuntos Internos una investigación sobre sus bienes y el de sus familiares y entorno.

La información sumaria abierta en la dependencia policial transcendió con vigor en diciembre de 2011, un día antes que el entonces ministro Leandro Corti ponga en funciones como jefe de la URII a Arismendi. Las autoridades políticas reconocieron la existencia de la causa administrativa abierta pero se apoyaron en el principio de inocencia que asiste a cualquier ciudadano. En agosto del año pasado el investigado (que está en actividad) fue emplazado para que justifique sus bienes en Asuntos Internos que entendió que el escrito presentado “no fundamentaba su evolución patrimonial”.

Arismendi tiene, según la investigación administrativa, una casa en calle Teniente Agneta a la altura del 1.900 en la ciudad de Rosario, un inmueble en la calle Roca S/N de la localidad de Funes. Allí, primero adquirió el terreno y luego construyó una casa en el predio parquizado y con pileta. También posee un inmueble en la calle Campbell a la altura del 900 en Rosario y otro en Avenida Pellegrini al 5.500 también en Rosario. Tiene 4 departamentos internos en Maipú al 900 y un lote de casi 4 hectáreas en la localidad de Pérez, departamento Rosario. Incluye el informe de Asuntos Internos que, entre los bienes “cuya propiedad se presume de Arismendi”, una licencia de taxi extendida por la Municipalidad de Rosario.

En su escrito de justificación argumentó que para adquirir las propiedades recibió ayudas económicas de familiares y se desprendió de ahorros y bienes muebles. Señaló además que los bienes fueron adquiridos con el dinero proveniente de la venta de una propiedad anterior. “En este sentido, a juicio de los investigadores, la información reunida llega a presumir que el alegato de Arismendi carece de fundamentos, ello es así por cuanto no lucirán acreditadas esas ayudas económicas ni la venta de los bienes que se enuncian, además de haberse constatado que la venta de algunos inmuebles se habrían realizado a favor de algunos familiares que no tendrían capacidad económica para afrontar las operaciones inmobiliarias y que para lo compra de algunas de las propiedades restantes se habría recurrido a la interposición de otra persona”.

El informe final de Asuntos Internos fue firmado el lunes de esta semana y elevado al juez Vienna para que sea el magistrado el que determine si “Chucho” adquirió bienes sin poder justificar el dinero para obtenerlos o usando testaferros.