Con nuevo juez, sigue adelante la causa que investiga si hubo un delito de contrabando en el caso del avión militar de los Estados Unidos que aterrizó en Ezeiza con armas, medicamentos y equipos de comunicación no declarados. Ayer, se presentaron en los tribunales diez nuevos testigos. Son agentes del Ministerio del Interior, la Aduana y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Marcelo Aguinsky, titular del juzgado en lo penal económico 6, volvió ayer de su licencia y anunció que seguirá adelante con las medidas dispuestas por los jueces que lo reemplazaron la semana pasada, Ezequiel Berón de Astrada y Rafael Caputo, según informaron a LA NACION fuentes de la causa.

"La idea es reconstruir las primeras horas después de la llegada del avión, para saber si existió una tentativa de contrabando. Cuando tenga todos los elementos, el juez tomará una decisión", informó un funcionario que trabaja en el caso.

La clave es saber si los agentes estadounidenses ocultaron la mercadería no declarada. Si no hubo ocultamiento, no hubo contrabando. En ese caso, lo que podría existir es una infracción aduanera.

Ayer por la tarde, altos funcionarios de la Aduana se comunicaron con el juzgado de Aguinsky y se comprometieron a entregarle, en los próximos días, toda la información requerida por los jueces Berón de Astrada y Caputo.

Fundamentalmente, el detalle con el valor (técnicamente, el "aforo") y la utilidad de los bienes que Estados Unidos no declaró y, por ende, no habían sido autorizados por el gobierno argentino para que ingresaran en el país. Esos objetos siguen retenidos en Ezeiza.

La semana pasada, fuentes de la Aduana explicaron a LA NACION que el funcionario a cargo del sumario aduanero (que investiga, en paralelo, una presunta infracción) había pedido la intervención de especialistas de diferentes áreas para hacer ese estudio y que estaban trabajando para reunirlos.

Los testigos de ayer fueron cuatro representantes del Ministerio del Interior, cuatro agentes de la Aduana y dos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ellos integran la nómina de los 22 funcionarios citados para reconstruir cómo fueron los operativos llevados a cabo en el aeropuerto.

La ronda de declaraciones comenzó el jueves pasado y terminará esta semana. Está previsto que hoy se presenten tres integrantes de la Policía Federal y dos agentes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

La Policía Federal era la destinataria del curso que venían a dar los militares estadounidenses que llegaron en el C-17 Globemaster III. La Anmat intervino en la revisión de la mercadería que bajó del avión porque dentro de un botiquín se detectaron remedios no declarados que, según las actas labradas, estaban vencidos.

Los primeros testimonios confirmaron que el material secuestrado son armas, medicamentos y aparatos que serían sistemas de comunicación. Todo fue precintado y guardado en un contenedor cerrado. La semana pasada, el juez Caputo le indicó a la Aduana que no lo abriera sin previo aviso a la Justicia.