Es a raíz de una presentación de la Asociación de Usuarios y Consumidores ante el Juzgado Civil y Comercial N° 7. El abogado patrocinante, Walter Goldfarb, confirmó a ellitoral.com.ar que la jueza Liliana María Reina suscribió la resolución el 6 de marzo.

Goldfarb detalló que aún falta confeccionar "el oficio de notificación para llevarlo a la Municipalidad" y anticipó que "serían notificados a partir de mañana, momento en que deberían comenzar a complir la orden". Recordó, sin embargo, que la medida es "apelable ante la Cámara".

También explicó que le resolución debiera tener un "efecto devolutivo" y aplicarse de inmediato. "Mientras no se resuelva se debe volver al precio anterior", insistió. Aclaró, sin embargo, que "con alguna razón fundada se puede conceder el efecto suspensivo".

Las medidas cautelares son recurribles pero mietras el Superior Tribuanal de Justicia no revoque, hay que cumplir. No está firme y está objeto a cambios.

El letrado considera que se debe resolver sobre "el fondo de la cuestión" y que para ello los "los vecinos deben ser escuchados".

En este sentido, el concejal de ECO Hugo "Cuqui" Calvano consideró a ellitoral.com.ar que "la jueza falla en el mismo sentido que las anteriores cautelares -e incluso la sentencia de Teler Reyes- sobre que el llamado a audiencia publica es un requisito en este tipo de ordenanzas donde se afectan a los usuarios y consumidores".

"Cada vez mas claro -agregó el dirigente de la CC-ARI- que el atropello sin sentido de los derechos de usuarios y consumidores trae consecuencias legales para el Municipio. A esta altura, como advertimos cuando se dio el aumento en diciembre, si se sigue con la terquedad política de negar audiencias publicas que además no son vinculantes vamos a terminar en la judicialización".