Fuentes allegadas a la investigación informaron que el juez Alvaro José Reyes, a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional 2 local, determinó que no existe ninguna conducta penal para atribuirle al intendente Bravo. Lo propio entendió respecto a la contadora municipal, María Celia Luases, y al responsable de otorgar las licencias comerciales, Alberto Rubén Ferreira.

El jefe comunal y los funcionarios fueron indicados como supuestos autores del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" cuando dieron la autorización para funcionar al local nocturno "El Rancho". Lo que se les atribuyó en un principio fue que no habrían exigido los controles indispensables para otorgar la habilitación al cabaret.

La causa llegó a General Acha proveniente del Juzgado Federal de Santa Rosa, y recayó en la oficina de la fiscal Ana Laura Ruffini, quien promovió acción penal y envió el expediente al juez Reyes, quien se hallaba de turno en ese momento.

En Santa Rosa, el Juzgado Federal tiene bajo arresto a Javier Ulrich, un santarroseño de 42 años que espera su juicio alojado en la Colonia Penal (Unidad 4). Está procesado por un grave delito: trata de personas, delito que se habría producido en el cabaret "El Rancho", ubicado en 25 de Mayo.

La investigación, que desembocó en el procesamiento de Ulrich y ahora en la investigación por el supuesto "incumplimiento de deberes", comenzó cuando una joven de origen boliviano denunció que se encontraba en el cabaret contra su voluntad y era sometida a una explotación sexual. La joven puso en alerta a las autoridades policiales luego de que concurriera a realizar un trámite migratorio y, ante las preguntas de rigor, confesó que había llegado al país engañada y era obligada a ejercer la prostitución.