Un par días después de que el histórico Raúl Othaecehé perdiera las elecciones en Merlo, en el oeste bonaerense, unas 2 mil familias comenzaron un asentamiento en un terreno de unas 60 hectáreas, cerca de la ruta 103. Con algunas chapas, cartones y lo que fueran rescatando, se empezaron a formar las precarias casitas, con la idea de hacer allí un nuevo barrio, que bautizaron “nueva esperanza”. El intendente electo Gustavo Menéndez le apuntó al cacique derrotado, a punteros de su partido que alentaron la toma, para “marcarle la cancha” a su gestión. Más allá del trasfondo político, lo que explotó en Marlo fue una realidad que durante la campaña por lo menos se menoscabó, y que tienen en los barrios más pobres de la provincia de Buenos Aires su peor expresión: el déficit habitacional.

El caso de Merlo no es un hecho aislado, y en todo el conurbano la toma de tierras fueron creciendo a medida que la demanda de viviendas dignas creció. Actualmente no hay distrito que en los últimos años haya visto crecer un asentamiento, un barrio precario o una toma, espacios ganados a la desidia, pero que no cumplen ninguna de las condiciones para hacer de la estadía de los habitantes un lugar para habitar.

Si bien depende del estudio que se tome, se estima que en todo el país le déficit de viviendas supera largamente las 3 millones de unidades.

Esta explosiva combinación hace que proliferen estas barriadas, que después de un tiempo terminan convertidas en villas o barrios carenciados. Los números de este fenómeno son contundentes: según un trabajo de 2013 de la ONG Techo, hay 1834 villas en el área metropolitana, el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, el Alto Valle de Río Negro, Neuquén, Misiones y Salta, en las que viven 532.800 familias.

La contracara es la proliferación de barrios cerrados y countries, sobre todo en bastas zonas del conurbano, que fueron empujando las fronteras de las ciudades, pero a la vez generaron efectos sobre las zonas más precarias, por lo general más bajas y sin servicios esenciales. Esto, y la cantidad de viviendas ociosas –sobre todo en las grandes ciudades –combinan una realidad compleja, contradictoria, heredada por este gobierno y que por el momento no tiene una salida en el corto plazo.

El problema en números

En difícil saber cuántas viviendas faltan en la provincia de Buenos Aires, así como cuáles de las que están son deficitarias o no tienen las condiciones básicas de habitabilidad. Como en otras áreas, la falta de datos concretos no ayuda a tomar conciencia de la magnitud del tema. Según el informe sobre déficit habitacional elaborado por la Dirección de Política Habitacional del Instituto Provincial de la

Vivienda, en la provincia de Buenos Aires “existen 1.565.044 hogares deficitarios. Eso equivale al 33 por ciento de todos los hogares del territorio provincial, que son casi 4.800.000”. Este porcentaje está por encima de la media nacional, que según los datos alcanza el 25,4 por ciento de los hogares (unos 3.095.312). (1)

“El problema de la vivienda no es tan claro como parece. En general lo que pasó en los últimos años en la Argentina ha sido que el déficit creció, pese a 10 años de políticas sociales positivas y un fortalecimiento del Estado, que incluye la construcción de un millón de viviendas”, explicó Raúl Fernández Wagner, investigador docente del Instituto del Conurbano de la Universidad nacional de General Sarmiento (UNGS). En diálogo con Política del Sur, el especialista agregó que “hasta el macrismo la gente tuvo en general mejores salarios, hubo más trabajo, un conjunto de servicios subsidiados, todo eso constituyó a una mejora en términos de la vivienda, paradójicamente el problema es que el Estado construyó viviendas pero no reguló el mercado, entonces toda esa política positiva se fue por el modo que se elevó el precio del suelo”.

Para Fernández Wagner, “lo que sucedió en definitiva fue una combinación, donde todo el precio del suelo subió de una manera impresionante, no hubo una renta más importante en estos tiempos que invertir en ladrillos y aguantarlo. La ganancia fue espectacular, esto hizo que todo el capital se volcara a eso, eso arrastra el precio del suelo y muchos no pudieran ni acceder a un lote ni a construir”.

Esto generó crisis como la de Merlo, que se reproduce en casi todos los distritos del conurbano, donde se concentra el 35 por ciento del déficit habitacional nacional. Grandes asentamientos que los planes de vivienda no pudieron desarmar, y que con el correr del tiempo se fueron cruzando con internas políticas y disputas territoriales. “Se mueve una piedra y explota una situación como la de Merlo”, aseguró Anahí Benítez, referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y delegada de los vecinos de la toma de Merlo. El diálogo con Política del Sur, destacó que la toma se haya iniciado por punteros políticos del ex intendente Othaecehé, y vinculó el hecho al enorme difícil habitacional de la provincia de Buenos Aires. “La toma fue autoconvocada, el predio es muy grande y empezó a circular de boca en boca que se iban a tomar los terrenos”, afirmó Benítez, aunque admitió que hubo en el principio “zona liberada”. “En el gobierno de Othaecehé era imposible una cosa así, si ponías un pié en el lugar tenías 200 policías en un minuto. Cuando ocupamos no apareció nadie”, agregó. Cuando se corre la cuestión política, lo que queda expuesto en tomas como la de Merlo es el enorme problema de acceso a las viviendas.

Provincia deficitaria

Ante una realidad acuciante, con fuertes contrastes, en la provincia de Buenos Aires se apuntó a la construcción de viviendas sociales, con el apoyo del gobierno nacional. En la gestión de Daniel Scioli, entre los años 2008 y 2013, se construyeron 39 mil viviendas con recursos federales, a través de los Planes Federales, que reemplazaron al viejo Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), que en ese período tuvo recursos para finalizar 11.500 casas, según el estudio “Quo vadis Fonavi”, realizado por un equipo de investigación de la Facultad de Arquitectura y Desarrollo Urbano de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA). A nivel nacional, desde el 2004 al 2014, las soluciones habitacionales rondaron el millón de unidades.

Pero como dijo Fernández Wagner, no sólo alcanza con construir viviendas, sino que es necesaria una mirada integral sobre el problema. Para esto, hace unos años se forma Habitar Argentina, un espacio de discusión y debate sobre esta problemática, que forman entre otros la UNGS, el CELS, las ONG Techo, Madre Tierra, la Defensoría General de la Nación, entre otros. Allí, organizaciones civiles, instituciones académicas,

movimientos sociales y legisladores de distintos bloques buscan potenciar soluciones al déficit, a través de leyes y programas

Una de las conclusiones de este espacio es que, comparando las viviendas construidas con los hogares con “servicio sanitario deficiente” o con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), en la zona metropolitana “dan cuenta de una desigual distribución de los programas”. “Mientras que el porcentaje mayor de necesidad se expresa en las viviendas recuperables, los programas se abocan a responder prevalentemente a unidades nuevas de vivienda”. Se hacen casas, pero no se fomenta la recuperación de las deficitarias.

“Construir viviendas no te asegura nada, es probable que lo único que va a hacer es aumentar el precio del suelo, y que haya escases, no se va a encontrar tierra para hacer esas viviendas. Lo que hay que hacer es utilizar mucho mejor el parque de casas, más racionalmente, y que el Estado logre bajar el valor del suelo, que tiene en su haber las normativas urbanísticas”, sostuvo Fernández Wagner.

En este camino, Habitar Argentina propone una Ley Nacional de desarrollo Urbano. “Argentina no tiene una ley nacional como esta, que regule como se va a producir el suelo, es decir, pasar de suelo rural a suelo urbano. Sólo dos provincias tienen leyes como esta, Buenos Aires y su Ley de Acceso al Habitad y una ley de Mendoza”, destacó el investigador de la UNGS.

La ley bonaerense generó mucha expectativa, y fue muy difundida porque se comenzó a cobrar un porcentaje a los countries. Con altibajos, la nueva normativa genera muchas alternativas cuando se produce una toma o un intento de usurpación, y busca acercar herramientas para las familias. En el caso de la toma de Merlo, luego del desalojo se comenzó a trabajar con la posibilidad de hacer, en el marco del acceso justo al hábitat, una urbanización autogestiva, donde los vecinos aporten su trabajo, haciendo un loteo con servicio. “Los vecinos le devolvemos parte del valor de la tierra haciendo que estas suban su cotización, agregándole los servicios, y después hacer un plan de cuotas para poder comprarlos”, explicó Benítez. Por el momento, la propuesta no avanzó, y las dos mil familias quedaron sin un lugar donde vivir.

Medidas urgentes

Si durante el kirchnerismo la paradoja en materia de déficit habitacional se potenció, las perspectivas con un gobierno conservador como el de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal no son las mejoras. En el caso de Merlo, más allá de las negociaciones, las alternativas legales –basadas en la ley aprobada por la legislatura –y los reclamos, la salida represiva prevaleció, marcando un peligroso precedente para el futuro.

Durante el desalojo de las familias, se montó un impresionante operativo, que comenzó en la madrugada del 18 de febrero. Pese a que tres días antes se había abierto un canal de diálogo, el fiscal de la causa utilizó la muerte de un nene de 8 años –que recibió una bala perdida en un enfrentamiento narco, que la policía dijo se refugiaban en la toma –para argumentar la violenta medida. “La realidad es que esta banda de narcos no vivían en la toma, sino en la toma de un Plan Federal sin terminar. Los vecinos denunciamos esta situación, porque sabemos que cuando esta gente se instala, termina con una situación lamentable”, recalcó Benítez. Pese a esto, el desalojo se concretó. “Usan estos casos para criminalizar la toma de tierras. Se murió un nene, no hay ni un narco preso y las familias quedamos en la calle”, graficó la delegada barrial.

En el nuevo marco político, es difícil saber qué herramientas usará el nuevo gobierno para combatir este problema. “Supongamos que tenemos un gobierno progresista, que no tenemos, y quisiera llevar adelante una medida urgente, que el kirchnerismo no hizo.

Debería salir a regular con un instrumento de políticas este proceso, con políticas de suelo”, subrayó Fernández Wagner.

Como ejemplo, desde Habitar Argentina recuerdan en Europa, por ejemplo, hay herramientas como el alquiler social, los impuestos a las viviendas vacías (ver recuadro), y otros elementos para frenar la especulación del mercado. “No se trata de construir viviendas, es un tema político”, concluyó Fernández Wagner.

Countries y vivienda ociosa, la contracara del fenómeno

En 2012, ambientalistas alertaron que ante las enormes inundaciones que sufrieron varias localidades bonaerenses se debían a la instalación de barrios cerrados y countries, que se ubicaban en causes de ríos o en zonas bajas, que desviaban el agua para las barriadas populares. La proliferación en las últimas dos décadas de estas construcciones urbanas es una contracara muy vivible del déficit habitacional que vive el país y la Provincia. Estas dos caras de la moneda se completan con la enorme cantidad de viviendas ociosas en las grandes ciudades, que de la mano de la especulación inmobiliaria profundizan las desigualdades actuales.

La construcción de countries y barrios cerrados es un fenómeno de no más de 20 años, cuando comenzó a cambiar la postal urbana en el país. Como le explica a Política del Sur el investigador e integrante de Habitar Argentina Raúl Fernández Wagner, “más allá de lo que podamos decir que son para ricos, que se encierran, en el fondo el proceso que está pasando es más crítico. Antes en la periferia de cualquier ciudad, ese terreno vacante que era una chacra o una quinta se loteaba y se agregaban terrenos comunes, lo que llamamos loteos populares. En los últimos 20 años eso paró, se acabaron, y todo el suelo nuevo que se produce en la ciudad es en la forma de barrio cerrado”.

Para el especialista, lo impresionante de este proceso es que “nadie paga la plusvalía, que la debería cobrar el Estado. Ellos toman una tierra barata, y después la venden cara”. Para entender este proceso Fernández Wagner pone un ejemplo: “si alguien tiene un lote que vale 10, y el Estado le lleva el gas naturas, pasa a valer 20. Y después pasa el agua potable y una línea de colectivos, vale 100. Buena, parte del precio del suelo que capturan los privados, es un precio construido por la sociedad. Hay que tener políticas que distribuyan lo que llamamos las plusvalías urbanísticas”.

Además, otro fenómeno de los últimos tiempos son las viviendas desocupadas u ociosas. Sólo en la ciudad de Buenos Aires se estima que hay 120 viviendas desocupadas, un número supera los 300 mil en la Provincia. Habitar Argentina propone un impuesto progresivo para esas viviendas, que haría que bajaran todos los valores. “En otros países no podés tener una vivienda vacía más de tres meses, te denuncian la misma gente, en el País Vasco hay una junta vecinal que se encarga de controlar eso”, destacó Fernández Wagner.