Los días para llegar al 8 de mayo, fecha límite en la que los bonistas deben responder si aceptan la oferta de canje, empezaron a correr: desde una posición más bien dura, en la que cada parte mostró poca predisposición a ceder, ahora pareciera empezar a aflojar, al menos en la intención.

"Hemos recibido señales de que podría haber cierta flexibilización", sostuvo uno de los acreedores que lidera un grupo de bonistas. "Nos llamaron algunos intermediarios para decir que Martín Guzmán deja cierto margen de acuerdo", agregó. 

Así, si bien hasta el momento tanto desde el Gobierno como desde los acreedores transmitieron una postura de poca flexibilidad, en la que cada uno defiende su postura, un primer acercamiento se podría dar en estos días.

"La realidad es que no nos pusimos de acuerdo", sostuvo Guzmán la semana pasada en declaraciones radiales, y explicó que "la otra parte presiona para que Argentina ofrezca más pero no se puede, no es sostenible".

 Y cada vez que se le pregunta sobre la posibilidad de caer en default, el ministro asegura que la "Argentina esta en una situación de virtual default", por lo que el país ya no tiene acceso al mercado de créditos. 

No obstante, desde los acreedores privados empezaron a trabajar en aunar ideas para llegar a una contra propuesta unificada, para presentar al Gobierno argentino. "Estamos coordinando el mensaje; no estoy seguro de que esta semana ya esté lista; es un poco difícil", confiaron a El Cronista. "Tenemos que pensar qué sería aceptable", razonó.

Los intercambios entre el Gobierno y los acreedores continúan, según pudo saber este diario desde ambos frentes (oficial y bonistas). Es que todos coinciden en que una situación de default no sería favorable para ninguno, aunque en sí tampoco lo descartan del todo.

Así las cosas, la intención es avanzar con buscar encontrar puntos en común. En los pasillos oficiales se entusiasman con el andamiaje legal que consiguieron, ya que permite ir cerrando canjes parciales. 

Pero a los bonistas esta estructura no es suficiente. "Una solución parcial no es una solución; es que si se logra eso, aún así no se evita entrar en default", aseguraron. Además, comentaron que, según su parecer, "no sienta una buena base para futuros canjes". 

"Me sorprendió que Cleary (estudio de abogados que representa a la Argentina) pusiera esto; es una estupidez", calificaron desde los acreedores privados.

El Gobierno oficializó la semana pasada la oferta presentada a los acreedores privados, por hasta u$s 66.238 millones, la cual contempla un alivio de quita del 62% en promedio sobre los intereses y de 5,4% sobre el capital para comenzar a pagar en 2023.

El Gobierno plantea una estructura de bonos amortizables con tasas de interés escalonadas nunca mayores al 5%, quitas de capital que van entre 12% y 18% para los papeles de más corto plazo según la moneda, un esquema de "opcionalidades" para elegir los nuevos bonos y diluir el poder de los bonistas y vencimientos hasta 2047.