A Guillermo Ramón Ferreira, la Policía Federal lo encontró cuando intentaba llegar al microcentro para reunirse con su abogado. El juez Daniel Rafecas había ordenado su detención el martes a última hora por considerarlo el autor intelectual de la toma del club Albariño, en Villa Lugano. Su nombre es el primero de un grupo de cuatro personas que están siendo buscadas por la misma razón: la Justicia cree que son miembros de una organización criminal destinada a la usurpación y venta de tierras ocupadas ilegalmente.

De Ferreira se sabe que es un “empresario” de Ciudad Oculta, el barrio que linda con el Club tomado. Fuentes judiciales dijeron a Clarín que tiene un “ local de actividades sociales y recreativas ” que funciona, en realidad, como una de las principales bailantas de la zona. Hoy será indagado por Rafecas quien, según la información que se acumula en el expediente, lo imputaría como miembro de una asociación ilícita que realiza negocios inmobiliarios ilegales.

Del resto de los prófugos se conoce sólo la identidad de Regino Abel Acevedo, un hombre que ayer fue señalado por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, como “un puntero político de Macri” .

Rafecas avanzó sobre los “instigadores” de esta toma -que se convirtió en la más conflictiva después de la ocupación del Parque Indoamericano- luego de ver cómo operaban cuando él mismo fue al predio a hablar con los ocupantes. El sábado pasado, a las doce del mediodía, llegó a los bordes del club Albariño y se sentó a conversar con 30 vecinos adentro de una enorme iglesia en construcción.

En su rol de mediador, se ofreció como garante de un diálogo con las autoridades de la Ciudad y de la Nación. Las personas lo escucharon y, según su impresión se mostraron interesadas en la gestión. Sin embargo, en el medio de la reunión, bajaron de un auto cinco hombres junto a un abogado y dijeron que la decisión se tomaría en otro lado. Así fue. Obedientes, todas las personas se fueron a discutir la propuesta adentro del predio. Rafecas los esperó durante media hora.

Nadie volvió para dar una respuesta.

Desde entonces, el juez decidió que para solucionar la situación era imprescindible identificar a estos “instigadores” que controlan la toma. Le encargó la tarea a la Policía Federal donde designaron a la división Inteligencia que comenzó a trabajar el domingo a última hora, y entre el martes y ayer avanzó con varios datos: los principales son los nombres y apellidos de tres de estas personas. Ferreira ya fue detenido, Acevedo sigue prófugo pero anoche confiaban en ubicarlo.

El nombre y el apellido del tercero no fue difundido para facilitar su búsqueda. Del cuarto todavía no hay precisiones.

La detención de estas personas es la principal estrategia judicial para descomprimir la delicada situación social que se vive en Villa Lugano donde puertas adentro del Club hay personas con necesidades auténticas de vivienda que estarían siendo coercionadas por este grupo. Puertas afuera, están los vecinos que no ceden en los reclamos por el desalojo del predio que utilizaban en sus ratos libres.

El nuevo escenario -luego de la detención de Ferreira- facilitó un diálogo que se abrió a dos puntas: la secretaria de Seguridad Operativa, Cristina Caamaño, se reunió con un grupo de vecinos del lugar mientras que miembros de Desarrollo Social de la Nación estaban dentro del Club dialogando con los ocupantes que habían decidido comenzar una asamblea en donde discutirían el futuro de la toma.

Al cierre de esta edición, se desconocía el resultado de la asamblea iniciada a última hora de ayer, pero en el barrio se comentaba que los ocupantes ya tenían organizado un baile para Navidad.

Condena por hechos de 2007

La Justicia penal platense condenó a 9 años de prisión a Daniel Rodríguez por la toma del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, ocurrida en diciembre de 2007 y durante la que se produjeron destrozos. Los jueces Liliana Torrisi, Lidia Moro y Juan Carlos Bruni lo encontraron culpable de los delitos de “coacción agravada e intimidación pública agravada, portación de arma de guerra y daño calificado, agravados por la participación de menores de edad”. El fiscal de juicio, Gabriel Sagastume había pedido 10 años de prisión para Rodríguez, quien lidera el Movimiento Popular 29 de Mayo.