Julia Ramos fue titular de Desarrollo Rural entre 2006 y 2009. En la causa hay detenidos otros 12 funcionarios.
Un juez anticorrupción de La Paz envió a la cárcel ayer a Julia Ramos, ex ministra de Desarrollo Rural (2006-2009), en una investigación por episodios de corrupción en el Fondo de Desarrollo Indígena de Bolivia que fue impulsada desde el gobierno del presidente Evo Morales.
En esta primera fase del juicio, la ex funcionaria quedó detenida bajo los cargos de daño económico al Estado, contratos lesivos y enriquecimiento ilícito. El martes, quizás en conocimiento de la decisión de ayer, Morales había dicho que “la justicia tiene que caerles a todos por igual”.
El magistrado investiga el destino de 686 millones de pesos (98 millones de dólares) del Fondo, que fueron transferidos ilegalmente a 978 cuentas bancarias particulares. El organismo se encarga de otorgar el financiamiento a proyectos de desarrollo en beneficio de las comunidades originarias. La investigación del caso provocó la detención de al menos 12 personas, incluyendo a Ramos. La ministra estaba alojada en una celda judicial desde el jueves, acusada por la entrega de recursos para ocho proyectos que nunca fueron ejecutados. Ahora, por orden del juez Ricardo Pinto, será trasladada a la cárcel de mujeres del barrio paceño de Obrajes.
Otra ex ministra de Morales investigada es Nemesia Achacollo, una indígena quechua que estuvo a cargo del mismo Ministerio y renunció en agosto pasado. También se produjo la semana pasada la detención del senador oficialista Jorge Choque y del ex candidato opositor a la gobernación del departamento de Chuquisaca, Damián Condori. Ambos quedaron vinculados a casos de corrupción en el Fondo Indígena. Entre los 12 detenidos se encuentra la ex embajadora en Ecuador, la aymara Maribel Santamaría, quien se habría beneficiados con 320 mil dólares otorgados para la ejecución de cuatro proyectos en el área rural.
Por la misma causa también dimitió el indígena del pueblo ayoreo Rosendo Alpiri, que se desempeñaba como embajador en Paraguay. Alpiri está acusado de firmar un proyecto de capacitación de pueblos indígenas y recibir una partida de 91.046 dólares. La ex candidata oficialista a la gobernación de La Paz, la aymara Felipa Huanca, es investigada por el destino de 21 mil dólares para un programa de la asociación campesina Bartolina Sisa, una entidad que lleva ese nombre en homenaje de la esposa del líder indígena Tupac Katari.
“Hay 253 responsables del manejo del dinero del Fondo Indígena en varios proyectos”, informó la Contraloría General tras comprobar malos manejos de recursos asignados en el período 2010-2013. El Fondo Indígena fue creado en diciembre de 2005 como una entidad descentralizada dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural, con el mandato expreso de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los pueblos originarios y comunidades campesinas. Se financia con un 5% de la renta petrolera. En los últimos nueve años distribuyó unos 48 millones de dólares para programas sociales y productivos en los nueve departamentos del país.

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