En medio de un clima tenso y con algunos disturbios entre grupos pertenencientes al oficialismo y la oposición, hasta denuncias de intentos de extorsión, sesionó ayer el Concejo y resolvió destituir a la Jefa comunal. Hoy asumiría la Viceintendente.
En la sesión, que inició a las 18, hubo disturbios entre vecinos que se encontraban en el salón y otro grupo que intentaba ingresar, según el presidente del Concejo, Fernando Gómez, "fogoneado por la Jefa comunal".
Se requirió la intervención policial para establecer el orden y tras escuchar el alegato de la defensa, a cargo del doctor Daniel Cabrera, se pasó a un cuarto intermedio para analizar los planteos y finalmente se decidió dar por finalizado el proceso de juicio político iniciado el 13 de diciembre de 2010.
A Escalante se le cuestiona la utilización irregular y falta de rendición ante el Cuerpo de 104 mil pesos enviados por la Nación en concepto del Fondo Social y Solidario, que según se explayó la comisión investigadora en sus exposiciones en la nota enviada por la intendente a la Unidad Ejecutora Provincial se indica que el dinero fue destinado a la construcción de 17 viviendas, lo que lno se habría efectuado.
La defensa planteó la nulidad del proceso por haberse iniciado fuera de las sesiones ordinarias, sin el llamado a extraordinarias correspondiente, cosa que "no fue así porque en actas figura que se llamó a extraordinarias para tratar exclusivamente este tema", dijo Gómez. Además el abogado planteó que Escalante no fue notificada, lo que también fue refutado por los ediles presentes.
Asistieron el titular del Cuerpo y la edil Laura Cabrera. Nuevamente estuvo ausente el concejal Augusto Navarrette.
"Lo cierto acá es que la plata falta y que las casas no se hicieron", insistió Gómez y confirmó que a primera hora de hoy se terminarán de realizar las notificaciones a la Jefa comunal, al Banco, al Ministerio de Gobierno, inclusive a la Viceientendente que asumiría inmediatamente.
Cabe recordar que en 2010, Escalante fue suspendida tres veces por el Concejo. En la última suspensión, ocurrida en diciembre, a partir de una cautelar presentada por los abogados de la acusada, el Superior Tribunal de Justicia, en feria, dictaminó que siga en su cargo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. "Sin embargo, en la resolución no señala que debería frenarse el juicio político y a fin de resolverlo antes de los 30 días como lo determina la ley, hemos proseguido", dijo Gómez.
El edil además advirtió que "hubo aprietes" a uno de los damnificados, que figuraba como beneficiario en los informes de la intendente y que había denunciado la vivienda faltante, para que rectifique su testimonio. Asimismo señaló que "una persona que dijo ser una escribana pero sin identificarse, en medio de la sesión, presentó una oferta para arreglar esta cuestión de otra manera".
En medio del tenso clima, cabe recordar que la Intendente desmintió todas las acusaciones. Dijo que los papeles presentados como pruebas son falsos y que las rendiciones del dinero en cuestión se hizo ante la Unidad Ejecutora del Fondo Sojero. Asimismo ratificó que no acatará lo dispuesto por el Cuerpo por la irregularidad del proceso.
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