El titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, dijo hoy, desde Santa Rosa, que La Pampa debería demandar judicialmente tanto a Mendoza como al Gobierno nacional por el corte del río Atuel. "La Nación no debe permanecer al margen porque llevó a cabo negociaciones lesivas para La Pampa. Creo que hay responsabilidades tanto de Mendoza como de Nación", dijo.
El corte del Atuel por parte de Mendoza viene siendo un padecimiento para nuestra provincia desde hace décadas. Ya en 1947, debido a las obras del dique El Nihuil, en tierra mendocina, cesaron los últimos escurrimientos del río hacia La Pampa. De los cinco brazos del Atuel, actualmente sólo queda activo el arroyo de La Barda y prácticamente ha desaparecido un humedal de casi un millón de hectáreas.
En 1987 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de una demanda del Estado pampeano, consagró "la interprovincialidad" del río y pidió que ambas provincias negocien. Las negociaciones no han prosperado y por eso el Gobierno pampeano ha anunciado que hará un nuevo juicio.
"Es un río interjurisdiccional y debería haber habido un acuerdo pacífico; si no se acuerda, estas situaciones pueden terminar en conflictos mayúsculos", alertó el funcionario nacional. "Para arreglar, es importante que las provincias reconozcan los derechos de las otras".
Despouy cuestionó otra vez al Estado nacional por los accidentes de trenes. "En los últimos 10 años, Estado ha aplicado ingentes subsidios, que han generado una cultura de incumplimientos porque no se controlaba. Donde el Estado más dinero ponía, peor funcionaba el servicio ferroviario", dijo. "Ahora no solo está comprometida la calidad del servicio, sino también la seguridad de las personas".
"Estamos dentro de un gran drama nacional; se ha convertido en tragedia por los accidentes de trenes. La corrupción mata", dijo.
Dijo que el Estado no se puede desligar, pese a que se encuentren responsabilidades en los choferes de los trenes. "Si hay responsabilidad del trabajador, no desaparece la responsabilidad del Estado", manifestó.
Se lamentó que las recientes intervenciones estatales no han logrado frenar los choques. "El Gobierno ha tomado medidas, pero esas medidas no han logrado frenar la inercia de estos accidentes", expresó.
Además, cuestionó los subsidios y el descontrol en la empresa Aerolíneas Argentinas. También criticó la falta de publicación de la información por parte de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). "Podemos decir que es una actividad clandestina la del Sigen", lanzó.
El funcionario también reclamó por la distribución cada vez más menguada de dinero desde Nación a las provincias. "Cuando se debate el presupuesto, los representantes de las provincias deben ser personas que defiendan los intereses de la provincia. Esa aprobación express del presupuesto en la Argentina impide que las provincias estén debidamente informadas sobre el resultado de la negociación de un programa que engendra problemas muy grandes. Hemos observado año tras año que hay una sustracción de los fondos de los sectores pasivos, del Anses, y su aplicación a fines no previsionales, con lo cual se compromete seriamente los fondos de sustentabildiad que deben tener una finalidad estrictamente previsional", manifestó.
"Aquí hay algo muy serio", dijo. "Es importante que los que representan a las provincias puedan hacer oír su voz y disputar en ese contexto una distribución mucho más equitativa, por ejemplo, que se paguen los reclamos judiciales en el Anses y que no se apelen los juicios, una serie de acciones dilatorias que hay, y que al mismo tiempo no se apliquen a la compra de deuda".
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