Las distintas agrupaciones de desocupados que días atrás protagonizaron protestas y cortes de ruta en reclamo de una salida laboral comenzaron a cobrar el salario mínimo vital y móvil propuesto por el gobierno provincial. Mientras esto ocurre, el municipio se mantiene al margen con visión analítica y temor a un retroceso en términos de política laboral.
Los acuerdos logrados fueron parte de sendas negociaciones que tuvo que llevar adelante el interlocutor de la administración de Daniel Peralta, en la figura del ministro de Gobierno, José Manuel Córdoba, sobre quien recayeron duras críticas por parte del municipio caletense, desde donde consideran al subsidio como un esquema político de otrora.
A través de un arreglo con el Banco Santa Cruz, los manifestantes lograron cobrar su primera ayuda económica, tras los bloqueos, a partir de las primeras horas del viernes.
El cronograma de pago ofreció un lugar privilegiado a las mujeres embarazadas que conforman una porción importante de la agrupación “Dignidad”, que también corto la Ruta 12.
Pero también comenzaron a cobrar aquellos que integran las agrupaciones “Olivia”, “19 de Abril” y quienes formaban parte del empadronamiento realizado por la ex comisión directiva de Petroleros Privados.
En total, son alrededor de 822 personas las que mañana terminarán de percibir la ayuda financiera que, para el ministro Córdoba, escapa a los alcances de un subsidio propiamente dicho, ya que en todos los casos hay una contraprestación de 4 horas de trabajo diarias.
Es precisamente este el eje de las discusiones planteadas sobre mediados de la semana anterior, cuando desde el municipio caletense salieron al cruce del levantamiento de las protestas y cortes a cambio de subsidios.
Funcionarios del Gabinete comunal, el propio intendente Fernando Cotillo y hasta el diputado por municipio Eugenio Quiroga declararon públicamente su disconformidad, levantando el encono del ministro, quien les cuestionó falta de “colaboración” o desatención frente a los reclamos.
El denso clima social de la semana de cortes reavivó una vieja rivalidad entre quien administrara el municipio durante tres gestiones y la gestión actual.
Si bien es preciso señalar que las relaciones no habrían sido del todo buenas nunca, aun pese a que en el fondo sea la provincia la que avala los acuerdos con desocupados, las autoridades caletenses prefirieron hacerse oír.
Es que fuentes consignadas en el entorno de Intendencia marcan el regreso de los subsidios como el emplazamiento de un conflicto latente, un peso difícil de llevar si se tiene en cuenta el año lectoral, ante la posibilidad de que en los próximos meses no se pueda ubicar a la totalidad de las personas en el mercado laboral.
Fuera de la disputa y los dimes y diretes entre el ministro mediador y las autoridades locales, en el ámbito provincial hay silencio de radio, lo que también provoca suspicacias, porque, en definitiva, de acabarse el plazo estipulado hasta diciembre para el pago de los 1.840 pesos, volverá a estallar Caleta.
Lo cierto es que por el momento la provincia habilitó a Córdoba con 2 millones de pesos mensuales para hacer frente a los compromisos, sin contar con aquellos firmados en localidades del flanco norte como las Heras y Pico Truncado.
Aunque, en rigor, según trascendió, el dinero proviene de un fideicomiso que se creó con el aporte de empresas mineras y la ayuda de los municipios mencionados.
En este punto el de la ciudad del Gorosito queda exento, ya que no participa ni avala estos acuerdos bajo ningún punto de vista, bajo la premisa de no retroceder hacia una etapa que marcó los primeros años de la administración Cotillo, cuando la toma de establecimientos públicos era moneda corriente y las custodias al jefe comunal un hábito.
Luego llegaría un proceso que buscó generar un cambio social y la generación de empleo genuino, a partir de la creación de la Agencia de Intermediación Laboral y la instrumentación de cientos de capacitaciones ligadas a programas bajados de Nación.
La duda ahora se plantea en torno a la actividad que realizarán los desocupados como contraprestación, habida cuenta de que en los acuerdos queda estipulado que son los municipios los que determinarán qué hará cada grupo de desocupados.



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