La semana pasada, la jueza de Tartagal Azucena Vázquez, dictó una medida cautelar que avala la acción de los ecologistas y les permite permanecer bloqueando el funcionamiento de las topadoras en la finca Cuchuy, propiedad de Alejandro Braun Peña (1), donde está prohibido desmontar.

“La provincia es un descontrol. Cuantos más bosques protegidos  recorremos, más desmontes encontramos. Es hora de que Urtubey asuma su responsabilidad y cumpla con la Ley”, señaló Noemí Cruz, de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

Los ambientalistas fueron alertados por los habitantes de Saucelito y verificaron que están deforestadas casi 200 hectáreas -de 300 autorizadas por el gobierno-, y se está quemando el material forestal remanente en clara violación a la legislación nacional (2). Los pobladores reclaman desde hace tiempo por la protección de estos bosques, ya que es una zona casi completamente arrasada. Sin embargo, el gobierno de Salta otorgó el permiso de desmonte sin realizar audiencia pública y en una zona donde la normativa nacional no lo permite (3).

Greenpeace ya había denunciado el desmonte en el área hace dos años. (4).

Los cambios de zonificación que está realizando ilegalmente el gobierno de Salta con el objetivo de autorizar desmontes en zonas protegidas por la Ley de Bosques ya superan las 150.000 hectáreas (el equivalente a siete veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires) y se están ejecutando en este momento.