El área legal del Tribunal de Cuentas emitió un dictamen por el que argumentó que no tiene competencia para resolver el planteo que inició el Concejo Deliberante de la Capital por la construcción de la ciudad satélite. El organismo ya remitió ese dictamen a la Unidad fiscal de Delitos Especiales para que el fiscal Marcelo Sago continúe con la investigación a partir de la documentación que le remitió el Concejo capitalino.

Fuentes del organismo indicaron que en la resolución se argumentó que el TC no tiene competencia para intervenir porque se trataría de “un problema de particulares” en relación con algún funcionario de la Municipalidad de la Capital que podría haber cometido alguna irregularidad en el trámite catastral del predio ubicado en la zona oeste de la ciudad y que luego se vendió al IPV a través de una licitación. En este caso, el TC ratificó que el control del organismo se circunscribe al daño que se produce a la Hacienda pública, situación que todavía no se comprobó a partir de la decisión del IPV de adquirir los terrenos. Considera que si existiera alguna irregularidad como el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público es materia penal que debe investigar la Justicia y no el Tribunal de Cuentas.

También se hace referencia al dictamen que ya emitió el organismo de control en el expediente por el que el Instituto Provincial de la Vivienda tramitaba la licitación pública 01/13 con el objeto de la adquisición de terrenos aptos para la construcción de complejos habitacionales. La resolución tiene fecha de 28 de junio y ante las observaciones que se habían realizado a los terrenos que por entonces iba a adquirir el IPV, el organismo dijo que resultaba conveniente devolver el expediente para continuar con la licitación en atención al fin social de la misma. Le sugirieron al IPV que proceda a evaluar y corregir "las transgresiones u omisiones susceptibles de generar daño al patrimonio del Estado que deban someterse a su competencia y jurisdicción". En caso de no proceder con las subsanaciones de lo advertido, el TC se reserva la aplicación de medidas procesales y de control.

Planteo

Los ediles del FCS sospechan que existiría una violación a las ordenanzas municipales vigentes y maniobras diversas para favorecer al grupo empresario que ofreció 300 hectáreas al IPV para la edificación de viviendas. Es por ello que el 1 de agosto se aprobó un pedido de informes al Ejecutivo Municipal al sospechar que se habilitaron para la urbanización terrenos ubicados en la zona de La Quebrada y rodeados por el río Ongolí, cuando en realidad se trata de una zona que tendría limitantes para la edificación.

Ante la sospecha de que la habilitación de terrenos se realizó de manera irregular, los ediles aprobaron remitir todas las actuaciones a la Fiscalía General a los efectos de que “proceda a investigar la posible comisión de ilícitos penales”. También se remitió al Tribunal de Cuentas para que “proceda a efectuar el análisis legal pertinente y actuar en consecuencia".

Según pudo averiguar EL ANCASTI, el trámite judicial no tuvo demasiados avances. Por ahora, el fiscal Marcelo Sago pidió informes a la Administración de Catastro acerca de la tramitación de los terrenos.