La resolución fue tomada por la Sala Acusadora, con el voto disidente del concejal Luis Cárdenas. En su dictamen, el edil aconseja “aplicar una multa del 25% del valor de los haberes mensuales percibidos por el Sr. Intendente, en el orden de las irregularidades señaladas” en la entrega de predios fiscales a ONGs, y solicita que se evalúe la posibilidad de someter a juicio político a Viviana Guglielmi y Patricia Bertolín.
Cabe recordar que el pedido de enjuiciamiento contra el Jefe Comunal fue iniciado en el mes de junio, por parte del vecino Fernando Melana, a partir del “modus operandi que realizó el denunciado, en la adjudicación y desadjudicación de tierras respecto de ONGs, empresas privadas, sociedades o asociaciones de bien público, en una flagrante violación a las particularidades determinadas en ordenanza municipal que emanaron del Concejo Deliberante”, haciendo referencia a la normativa que refirió adjudicar a una entidad una parcela determinada, y el Intendente, “luego de instruir a miembros de su gabinete, ordena realizar un convenio con tal entidad, y luego suscribe un decreto que sustituye la parcela originariamente determinada para esa organización”, tal como ocurriera con la adjudicación y sustitución de predios para el Rotary Club Ushuaia.
Según el vecino, los hechos “gravitan indudablemente sobre los derechos adquiridos por parte de las entidades intermedias”, por lo que en el escrito “recuerdo al Intendente que su pretendido trasvasamiento de responsabilidades, en cabeza de sus funcionarios políticos (ex escribano Municipal y doctora Marcela Fontenla), conspira con toda realidad jurídica”.
Por otro lado, el autor del documento consideraba que “manifestar respecto de la suscripción de una escritura en pleno uso de sus facultades que ‘sin saber qué es lo que firmaba’ como eximente de responsabilidad es tan ingenuo, que subestima al poder judicial como a la comunidad”, manifestando que el accionar del Jefe Comunal demuestra “una ignorancia jurídica y una conducta que tiene como objeto encubrir culposa o dolosamente un modus operandi que llevaba a cabo en la desadjudicación y adjudicación de nuevas tierras fiscales, en violación al espíritu de la Carta Orgánica Municipal”, en cuanto a la participación activa del Concejo Deliberante y la falta de publicidad de los actos del Ejecutivo Municipal. A partir de ello, el vecino había solicitado que se declare al intendente Federico Sciurano responsable de los hechos de los que se lo acusa, procediéndose a su destitución como titular del Poder Ejecutivo Municipal.
Sin embargo, tras casi 4 meses de análisis del asunto, la Sala Acusadora resolvió desestimar la causa, con el voto disidente del concejal Luis Cárdenas. En tal sentido, el dictamen del edil del Partido Federal Fueguino sostiene que “encontrándonos en la etapa en que las irregularidades pueden ser reparadas, y los perjuicios que pudieran determinarse son mínimos a aquellos que se hubieran sucedido de mantenerse en el tiempo esta irregularidad, se aconseja aplicar una multa del 25% del valor de los haberes mensuales percibidos por el Sr. Intendente, en el orden de las irregularidades señaladas, teniendo en cuenta que la responsabilidad política administrativa se caracteriza por aplicarse a funcionarios, no con el afán de sancionarlos, sino para el debido resguardo de los intereses públicos confiados a su custodia, evitando el perjuicio que puedan sufrir por abuso o indebido cumplimiento de los deberes del cargo.
Finalmente, Cárdenas solicita en su dictamen que se evalúe la posibilidad de someter al proceso de juicio político a otros funcionarios del gabinete Municipal. “Se hace necesario que se giren nuevamente las actuaciones a la Sala Acusadora, a fin de investigar con mayor amplitud la responsabilidad subsumida por la Sra. Secretaria de Desarrollo y Gestión Urbana, Arq. Viviana Stella Guglielmi y la Sra. Secretaria de Gobierno, a cargo de la Secretaría Legal y Técnica, a fin de determinar si por la acción u omisión de dichas funcionarias, las irregularidades detectadas en la confección y aplicación de los convenios suscriptos, se ha causado algún tipo de perjuicio en contra de la administración pública o de las instituciones involucradas, suspendiéndose toda actuación administrativa que se esté llevando adelante en este sentido”.

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