La resolución de la Justicia -que dio por tierra por lo dispuesto en primera instancia el titular del Juzgado de Instrucción Nº3, Luis Osvaldo Cocchia Breard- también desestimó la petición del fiscal de Instrucción Nº6, Gustavo Robineau, quien había solicitado que a la causa se le incorpore el delito de administración fraudulenta.

El tribunal -presidido por María Elisa Morilla e integrado por Eduardo Panseri y Luis Ángel Godoy Prats- interpretó que los hechos denunciados por González no constituyen delitos, por lo que se desestimó tal acusación contra el ex gobernador y quien administraba las finanzas de la Provincia durante la gestión de Arturo Colombi.

La denuncia se originó a partir de que el presupuesto diseñado y aprobado del año 2007, al cierre de su ejercicio el 31/12/07, y a partir del 1 de enero 2008 arrojó un saldo en calidad de Excedente Financiero la suma de $163.243.208,54. Por ello, González entendió que debía aplicarse el porcentaje correspondiente a la Justicia (el 6,27), por lo que a dicho poder del Estado le deberían haber girado la suma de $10.235.349.18.

Sin embargo, según lo expuesto por los defensores de ambos ex funcionarios (Armando Aquino Britos y Fernando Carbajal de Arturo Colombi y Francisco Brambilla de Tressens), el Gobernador distribuyó los fondos de acuerdo a las facultades que le confería la ley y de acuerdo a las solicitudes de cada sector del Estado.

Según lo señalado, no existiría, por ese entonces, una legislación que establezca taxativamente cómo se deberían distribuir tales fondos excedentes.

“En relación al hecho, el Gobernador distribuyó los recursos con las facultades propias de su cargo, durante la vigencia de la ley de presupuesto 2007, por tanto no puede decirse que se han violado tales preceptos (en relación a las determinaciones legislativas posteriores de cuál debería ser el destino de los fondos excedentes)”, le comentó Brambilla a época.

El profesional señaló que Arturo Colombi y Tressens distribuyeron los recursos de acuerdo a las peticiones de cada sector y que cuando el Poder Judicial hizo el reclamo los recursos ya habían sido determinados.

“No se cometió delito alguno, el gobernador y el ministro de Hacienda actuaron de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, a las facultades conferidas. Así también lo interpretó la Cámara (en lo Criminal Nº2)”, concluyó Brambilla.