Los medicamentos de alto costo y baja incidencia los utilizan pacientes que tienen enfermedades poco frecuentes (una en 2.000 personas)  y requieren, por lo general, prestaciones  muy onerosas.

“Para la evaluación de la cobertura se requiere un asesoramiento de especialistas en distintas materias, porque cada día son más las demandas con respecto a tratamientos  farmacológicos o prácticas médicas de muy alto costo”, indicó el médico, quien ejemplificó: “En el caso de la neurología un medicamento de muy alto costo es el Nusinersen (que se utiliza para la atrofia espinal I y II) y su valor es altísimo y había sido incluido en el Plan Médico Obligatorio (PMO) pero este último año se excluyó y, por eso, el gobierno nacional se tiene que hacer cargo de los costos de estos medicamentos”.

Los medicamentos de baja incidencia y alto costo “tienen un impacto negativo en cosas esenciales como la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y, por último, la rehabilitación de todos los beneficiarios de una obra social, de una prepaga o institución que entren en esta categoría”, consideró el profesional, quien subrayó que hay enfermedades “que son catastróficas y constituyen una preocupación en los sistemas de salud parciales y fragmentados, como por ejemplo en las obras sociales”, por lo que consideró que “hay que implementar otras alternativas en el financiamiento”.

En Argentina el debate “nunca fue tratado, por lo que cada agente de salud se ve obligado a cubrir todo tipo de intervención que no esté en fase experimental. Enfermedades como las oncológicas; el HIV/sida; pulmonares como la fibrosis quística;  ocomunes como la diabetes o accidentes cerebrovasculares implican gastos repetitivos por períodos prolongados en el tiempo”. Precisamente, entre 2005 y 2012 el 70 por ciento del gasto en salud fue generado por prestaciones de baja y mediana complejidad, un 18/20 por ciento por prestaciones de alto costo y baja incidencia y lo que resta en gastos de funcionamiento, “por eso hay que buscar otras alternativas, ya que hay que garantizar la prestación (en los casos que no son experimentales y está aceptada la eficacia de un tratamiento o medicamento), pero hay que buscar diferentes alternativas de financiamiento”.

En ese marco, consideró que “se puede poner en marcha (entre diferentes instituciones) un Fondo Reaseguro para este tipo de enfermedades o, como ocurre en otros países, el gobierno nacional se debería hacer cargo mediante la Superintendencia de Servicios de Salud”.

“Se pueden intentar diversas alternativas como contratar un Seguro de Prestaciones Especiales, crear un Fondo de Reaseguro, unirse entre varias obras sociales para producir un fondo común para estos casos o bien el Estado en forma directa hacerse cargo del gasto”, aseveró.