Tras la toma del Hospital Misericordia, el fiscal General, Darío Vezzaro, envió un oficio al jefe de la Policía, Alejo Paredes, para que tome las medidas necesarias para garantizar el acceso a la salud pública.

La Provincia aplicó descuentos ayer a 739 agentes de la administración que no prestaron servicios ya sea por paros o por asambleas en el mes de octubre, totalizando los 137.261 pesos, que no percibirán de acuerdo a lo que dicta la ley para el caso de las medidas de fuerza. De los 739 agentes que sufrieron el recorte de sus haberes, 499 corresponden al área Salud, es decir el 83%, mientras que los 240 restantes, el 17% restante, son de la administración central, una cantidad relativamente bastante baja para la amplia repercusión mediática que el tema alcanzó, si se tiene en cuenta que la Provincia tiene alrededor de 103.000 empleados.

Los reclamos en el sector salud, si bien se reconoce que los médicos tienen salarios muy por debajo de lo que realmente debería percibir un profesional de esta área, no tienen dirigentes que puedan acreditar representación gremial, por lo que el Gobierno no aceptó recibirlos. A la negativa gubernamental de reabrir la mesa de negociación salarial y al anuncio de los descuentos, ayer se sumó un nuevo elemento que profundiza aún más el conflicto que desde hace siete semanas mantienen los trabajadores hospitalarios de Córdoba y a los que ya se sumaron distintos sectores de la administración pública nucleados en el SEP. La Provincia informó ayer que el fiscal General, Darío Vezzaro, pidió al jefe de la Policía, Alejo Paredes, que arbitre medidas preventivas para garantizar el normal acceso a la salud pública e impedir nuevas tomas y posibles cierres de hospitales. La decisión llegó el día después de que los trabajadores del Hospital Misericordia tomaran ese edificio y luego de que en un plenario la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) aprobara la ocupación de las direcciones y oficinas de personal de los nosocomios provinciales. En la práctica la nueva medida comunicada desde el Gobierno significa que habrá mayor presencia policial en los distintos establecimientos sanitarios con el propósito de “garantizar a la ciudadanía en general el derecho a acceder a la salud pública y fundamentalmente la posibilidad de concurrir libremente a cualquiera de los hospitales públicos, y en resguardo de los bienes públicos que pertenecen a toda la ciudadanía”, según dice el comunicado.

Ante este escenario, los médicos, enfermeras y empleados administrativos de los 22 hospitales públicos de la Provincia ratificaron la continuidad de la huelga que desde mediados del pasado mes de septiembre paralizó la atención de miles de pacientes.

En todos los nosocomios estatales del territorio cordobés se realizan únicamente las guardias mínimas y se atienden urgencias y emergencias, pero hace casi dos meses que no se abren las puertas de los consultorios. Por su parte, el SEP, que hace un par de semanas se sumó a las demandas de mejores salarios que vienen planteando desde el sector salud, confirmó las “asambleas permanentes” en todas las reparticiones provinciales y ratificó el paro con movilización previsto para mañana. El secretario general de la UTS, Carlos Altamirano, consideró que la resolución del gobernador Juan Schiaretti de descontar los días, “genera más broca en la gente y lleva a planear medidas extremas, como no querer concurrir al lugar de trabajo o desarrollar un paro total en el área de Enfermería”.