En medio de un fuerte escándalo por la fuga de los tres condenados a perpetua por el triple crimen de General Rodríguez, el gobierno de María Eugenia Vidal dispuso ayer la “remoción” de toda la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La medida trascendió casi conjuntamente con la noticia de la fuga de Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, quienes se fugaron en la madrugada de hoy de la unidad de máxima seguridad Nº30 de General Alvear.

Los prófugos habían sido condenados a prisión perpetua por los asesinatos de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, ocurridos el 13 de agosto de 2008 en General Rodríguez.

La remoción será de toda la cúpula del Servicio Penitenciario, dependiente del ministerio de Justicia, y fue en el marco de una fuerte reacción por parte de la administración provincial.

Hasta el 23 de diciembre estuvo a cargo del área la abogada Florencia Piermarini, quien presentó su dimisión antes de Navidad, pero no fue aceptada hasta ayer para que el Servicio no quedase acéfalo hasta la designación de su reemplazante.

Piermarini había sido nombrada durante la gestión de Daniel Scioli y el ex ministro del área, Ricardo Casal.

Ahora Vidal nombró en ese lugar a Fernando Díaz. actual subjefe del Servicio Penitenciario Nacional y ex titular del órgano bonaerense durante la gobernación de Felipe Solá, quien se desempeñó en ese cargo desde 2005 y hasta 2009. El experto en políticas penitenciarias asumirá hoy su cargo y designará a la plana mayor que lo secundará.

El hasta ahora subsecretario de Política Criminal, César Albarracín, también será reemplazado. Según se informó oficialmente, su función cesó el 10 de diciembre y en su lugar asumirá la semana próxima el subsecretario de Política Penitenciaria, Juan Baric.

Además, según se informó oficialmente, fue removido también el jefe de la unidad carcerlaria, Manuel Guevara, más allá del sumario interno que se abrió y la denuncia judicial correspondiente, que recayó en el juzgado de Garantías Nº3 de Azul, a cargo del juez Federico Barberena. Investigará el fiscal Cristian Cittero.

“NO SE DESCARTAN HIPOTESIS”

Desde el entorno de Vidal, admitieron que “no se descarta ninguna hípotesis” sobre lo ocurrido, aunque deslizaron lo “llamativo” que resulta que la fuga haya sido justo de estos tres condenados, protagonistas durante la campaña electoral de fuertes declaraciones y denuncias que los vincularían con lo político.

En agosto pasado, una semana antes de las elecciones primarias, el ahora prófugo Martín Lanatta involucró al ex candidato a gobernador y entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández al declarar ante la Justicia que le pidió que gestionara armas y permisos ante el Registro Nacional de Armas (Renar) para allegados y dirigentes políticos y gremiales. Entre los supuestos beneficiados figuraban, según Lanatta, su secretario privado, Diego Alazar González, el camarista de Casación bonaerense Federico Domínguez (procesado en uno de los expedientes de la causa AMIA), el líder del sindicato rural (UATRE) Gerónimo “Momo” Venegas y el ex ministro del Interior durante el menemismo José Luis Manzano. Según Lanatta, en 2007 gestionó permisos y armas para varios personajes que luego cobrarían notoriedad, entre los que figuraban Sebastián Forza, uno de los muertos del triple crimen de General Rodríguez.

Pero, además, el episodio se da en el marco del anuncio de Vidal de enviar a la Legislatura el proyecto para declarar la emergencia del Servicio Penitenciario, que en su entorno algunos interpretaron ayer como dos hechos “ligados”.

LA EMERGENCIA

El proyecto enviado por el Ejecutivo la semana pasada tiene plazo de un año y obedece, según se indicó desde el gobierno provincial, a “las carencias en materia edilicia, tecnológica, de recursos humanos y materiales”.

En los argumentos de la iniciativa, Vidal había hecho referencia a la “superpoblación carcelaria”, destacó que el sistema penitenciario y el de salud penitenciaria “pasó de 30.712 a 35.166 detenidos” y cuestionó una “falta de inversión acorde con las necesidades” de las personas privadas de su libertad.

De aprobarse la ley, el ministerio de Justicia, a cargo de Carlos Mahiques, tendrá facultades para realizar una revisión del sistema de compras en los penales y los mecanismos operativos, así como realizar destituciones y nuevas designaciones y contrataciones directas para obras.

Según la interpretación de algunos miembros del entorno de Vidal, el impulso de esta medida habría provocado “malestar” en algunos sectores reticentes a esa revisión, frente a la sospecha cada vez más firme de que los hermanos Lanatta y Schillaci habrían contado con apoyo para poder darse a la fuga desde un penal de máxima seguridad.

CADENA PERPETUA

Los prófugos fueron condenados en 2012 a cadena perpetua como los autores materiales y partícipe necesario del asesinato de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, ocurrido en 2008, en el marco de una compleja trama vinculada al tráfico de la efedrina.

En agosto pasado, Martín Lanatta acusó a Aníbal Fernández de ser el autor ideológico del triple crimen y lo vinculó directamente al tráfico de la efedrina. Ayer, luego de la noticia de la fuga, Fernández insistió en que se trató de una operación en su contra y que no tiene “nada que ver”.

Suspicacias En el gobierno provincial resultó “llamativo” que los tres presos evadidos resulten ser los condenados por uno de los crímenes con más resonancia política en la Provincia