Es muy probable que en diciembre de 2009, cuando se aprobó la ley de internas abiertas, los diputados y senadores no hayan pensado en este último asunto, que es esencial a la política pero que entonces parecía lejano: la consagración de un candidato presidencial necesita un alto nivel de respaldo social, que trascienda el aparato de cada agrupación. En definitiva, la disputa en el radicalismo alrededor de esa elección interna gira alrededor de ese dilema. Si bien existe la sospecha de que algunos candidatos, para no exponerse a una magra cosecha de votos, desearían la suspensión de la interna, los jueces electorales más encumbrados no asumirán ese costo y el Gobierno tampoco tomará esa decisión.

"Daniel Scioli es el más convencido de hacer internas. En su provincia no tiene rival y las internas le sirven para ordenar el partido y a los intendentes sin pagar un alto costo", coincidieron magistrados de fluida conversación con el peronismo y el radicalismo. Y agregan: "La presidenta Cristina Kirchner tiene por delante un desafío tan complejo como el de la oposición, lograr una alta concurrencia a las urnas, pero también es cada vez más moderada y presta atención a las necesidades de Scioli", dicen esas fuentes.

En esa línea, hay quienes consideran que la mención que hizo la Presidenta sobre la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad no sólo apuntaría a satisfacer el reclamo social de mayor seguridad, sino, también, a darle a Scioli una señal de convivencia.

Sólo la desconfianza de los políticos de los medios permite entender que aquellos legisladores, cuando sancionaron aquella ley en 2009, no hayan advertido que les restringía el acceso a los canales y radios para hacer publicidad de campaña y llevaban todas las de perder. Aun cuando el decreto que la Presidenta dictará en febrero para reglamentar la distribución de publicidad se ciña a estándares aceptables, el Gobierno ya descubrió otro artilugio: se apresta a canjear multas a los medios por espacios de publicidad (en beneficio propio).

Hubo, entonces, por lo menos impericia. Primero: era previsible que el Gobierno buscaría, para sí, una salida a la encerrona que le proponía a la oposición. Y, segundo, la oposición debió aprender de otra experiencia histórica: si la coparticipación federal, que es el mecanismo por el cual el Gobierno de turno acumula tributos y los distribuye entre las provincias, nunca fue transparente y objetiva, ¿por qué habría de ser el Gobierno imparcial a la hora de repartir los espacios de publicidad a los partidos que aspiran a desplazarlo del poder?

Un dato adicional: los desbordes electorales no serán corregidos por la Justicia. Una prueba: la Corte no resolvió aún, y tal vez no lo haga nunca, la impugnación a las candidaturas testimoniales de 2009.