Tres peritos oficiales presentaron ayer los informes requeridos por la Justicia, en el marco de la investigación por la muerte de ocho obreros en un edificio en construcción, y evitaron que la querella promueva un pedido de detención por desobediencia judicial. Hasta ayer, exigían el pago de honorarios para acercar los informes, informaron fuentes judiciales a La República. El sobreviviente Nelson Valenzuela espera nueva fecha de audiencia.

El abogado querellante de la familia de Diego Rodríguez (obrero fallecido), Ernesto González, advirtió ayer que, en virtud de la demora, tenían listo un pedido de detención y comparecencia por la fuerza pública de tres peritos oficiales.

Ellos exigían el pago de honorarios para presentarse, aunque la querella señaló que tenían la obligación de cumplir con la orden judicial.

En total, ocho peritos fueron afectados a la causa entre los propuestos por la querella, los imputados y los oficiales. Al momento de la presentación de los informes por separado no coincidían en las conclusiones.

El fiscal hizo entonces un planteo muy fuerte en contra de los peritos oficiales y se los citó a declarar. “Pero insólitamente dijeron que necesitaban 3.000 pesos cada uno por gastos del peritaje”, explicó González a este diario.

“Consideramos que, además de una desobediencia, es un gran problema para el desarrollo de la causa”, añadió.

Una vez que culmine la nueva ronda testimonial, la querella pedirá una resolución de procesamiento por estrago doloso y prisión preventiva para los imputados, ya que la actual figura de estrago culposo permite la excarcelación.

“Esperamos que antes de fin de año esté esa resolución”, manifestó el abogado, quien aguarda también que la causa se eleve el año que viene a juicio oral.