Asimismo, reglamenta que la Jefatura de Gabinete de Ministros determinará la forma y las condiciones en que se dará cumplimiento a las obligaciones que surjan de la aplicación del artículo 1º de esta ley. Tras su exitoso paso por la Cámara Baja del Congreso de la Nación, el proyecto con media sanción fue derivado al ámbito del Senado.

“Era una deuda que teníamos con los trabajadores y nos propusimos iniciar el año parlamentario con respuestas a la gente”, comentó el diputado nacional Mario Fiad.

“Era necesario dar fiel cumplimiento a los derechos de los trabajadores que surgen del proceso de transferencia al sector privado de la empresa Altos Hornos Zapla”, enfatizó Giubergia por su parte y explicó que “es necesario que el Estado nacional se haga cargo del cumplimento de aquellos que se originan en el marco del Programa de Participación Participada según lo establecido en el Capítulo III de la Ley Nº 23.696, en términos generales, y en el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2.332/91 y en el Contrato de Transferencia realizado por Escritura Pública Número 103 de fecha 1 de julio de 1992 en términos específicos con relación a la empresa Altos Hornos Zapla”.

“Es importante señalar el rol que debe cumplir el Estado como contrabalance entre agentes de diferente capacidad de poder que en su interrelación pueden generar desigualdades con negativos efectos sociales y económicos”, sostuvo y agregó que “la situación particular de los ex trabajadores de la empresa Altos Hornos Zapla en Palpalá desembocó en un fuerte aumento de desempleo regional con un claro impacto negativo en los indicadores de pobreza e indigencia”.