La cartera Social tiene a su cargo el trabajo principal para poner en funcionamiento el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Entre sus funciones debe articular con otras áreas, como Salud, Educación y Seguridad, a fin de contener a los chicos y chicas y de lograr reinsertarlos (o insertarlos en algunos casos) en la sociedad. A fin de lograr este propósito, en enero los gabinetes de Desarrollo Social, Salud y Seguridad firmaron un Nuevo Protocolo de Intervención en Materia de Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, el Subsecretario de Familia de la cartera social, Augusto Barros, acusó a la cartera sanitaria de no cumplir con el compromiso asumido y aseguró que el Equipo de Intervención en Crisis no quiere asistir a los establecimientos donde se encuentran alojados algunos chicos y chicas que necesitan de la atención médica.

En diálogo con diario El Ancasti, el subsecretario Barros comentó que en uno de los establecimientos se encuentra un adolescente que tiene “claras marcas de autoflagelación”. Ante esta situación, remarcó, el área responsable es Intervención en Crisis, “pero no solo pretende que los estudios se hagan a través de Desarrollo Social, sino que no se quieren hacer cargo”.

Según el funcionario, este joven estuvo tres días en uno de los servicios de Salud Mental y luego fue devuelto al instituto. Esa misma persona había sido tratada in situ, recordó, y en un mismo día, habían ido dos veces, destacó. “En la segunda vez hice notar la situación en la que se encontraba y que estaban desoyendo las obligaciones que tienen. Era clara la autoflagelación y también el peligro que significaba para terceros. Tengo a seres humanos menores de edad, criaturas que están expuestas a que una crisis de esta naturaleza arriesgue su vida e inclusive la de los celadores”, consideró.

Barros remarcó que el Equipo de Intervención en Crisis depende de Salud Mental. No obstante, aseveró que desde la localidad de Tres Puentes “no pasan”. Al fundamentar su denuncia, agregó que a veces la crisis ocurre y llegan una hora y media más tarde de lo sucedido.

“De acuerdo con el Protocolo, se deben presentar en el tiempo más breve posible, a fin de evaluar in situ la situación del joven. No hay que llevarlo sino que tienen que venir. Supongamos que el Protocolo dice que es para el Instituto Santa Rosa, pero allí no van. Estoy cansadísimo del discurso de Poncio Pilato. Es el más fácil. Para mí, por convicción, más allá de una cuestión legal, tengo seres humanos que sufrieron un perjuicio en la vida, que tienen que estar institucionalizados porque no tienen dónde estar. Recibieron un castigo que no merecen. Debo, permanentemente, escuchar que ‘no hay criterio de internación’”, aseguró.

Para el Subsecretario, no se trata de una cuestión de ‘aceitar’ o ‘a Para el ingreso de un adolescente a un establecimiento, previa y obligatoriamente debe ser trasladado por el personal policial a cargo al Centro Integral de Salud (CIS, ex Humaraya). En este centro asistencial será evaluado clínicamente.

PROTOCOLO

 Una vez que el joven ingrese al establecimiento será evaluado por un equipo técnico. Se elaborará un Plan de Abordaje para cada joven. Este informe debe estar a disposición del Juez de Menores que entienda en la causa, en un plazo máximo de 72 horas.

 El Plan de Abordaje será puesto en marcha en común con el Equipo de Salud Mental del CIS, con la correspondiente articulación.

 En el caso de que se presentara una crisis en los jóvenes, tomará intervención el personal del SAME, conjuntamente con el Servicio de Intervención en Crisis.rticular’ a diario sino que directamente desde Salud “no están cumpliendo con las disposiciones legales, ni siquiera con el Protocolo que se firmó en enero de este año. Al Instituto Santa Rosa son convocados y envían a la gente del servicio sanitario de Santa Rosa. Se pensó que el traslado no se haga en patrullero sino en una ambulancia, pero el Equipo de Intervención en Crisis no llega”, destacó.

Además, indicó que en el Artículo 6 de este Protocolo se estipuló que en la crisis interactúan tres servicios, el SAME, Intervención en Crisis y Desarrollo Social. “Uno no puede interpretar médicamente, pero ellos se dan el lujo de interpretar legalmente”, recalcó.