La diputada Claudia Giorgis (Frente de la Gente-Frente Pampeano) confirmó que esta semana denunciará penalmente, por el delito de estafa, a la empresa de telefonía móvil “Claro”, a raíz de las ofertas y servicios falaces con que la firma hace rehenes a sus clientes.

La legisladora contextualizó su presentación: dijo que todas las empresas dedicadas al rubro cometen abusos sobre los usuarios, además de prestar servicios que no son de calidad y de no hacer las inversiones que corresponden.

“Después de hacer conocer el tema cobramos conciencia de que le pasa a millones de personas, se reciben mensajes de la empresa Claro o de otras compañías, con ofertas de participaciones en sorteos, canjes, horóscopos, el clima, adivinanzas y otros ‘servicios’... después en la facturación llega el monto mensual”, alertó.

“La semana pasada mandamos una carta documento, yo considero que es una estafa, imponen algo como una suscripción que no pedimos, que no nos brinda ningún servicio, lo cobran y es muy difícil salirse: para hacer el trámite de reclamo hay que dejar de trabajar para eso varios días, o mandar una carta documento, cualquiera desiste de seguir el trámite. Realmente es una estafa”, aseveró la legisladora.

Giorgis ratificó que esta semana se presentará una denuncia penal, “con el objetivo que de alguna manera les sirva a todos los usuarios”.

Lamentó que ante estas situaciones de avasallamiento “a veces los usuarios no pueden defenderse, para hacer el trámite es todo muy engorroso. Es un ardid”, definió.

Aludió además a los “problemas de calidad y de falta de inversión” que de por sí tienen esas mismas empresas.

“Es un hecho muy puntual y muy concreto en casi 60 millones de líneas que tienen entre las distintas empresas en el país. Corresponde una denuncia penal que abra un camino para pelear por lo menos estas cosas. Multipliquemos un peso por la mitad y son 30 millones”, ejemplificó.

Recordó que estas firmas “tienen 46 mil millones de facturación, es más de lo que se va por deuda externa, tenemos un interés de defensa del usuario y en lo que es la calidad, pero por otro lado sabemos también que hay que dar una lucha nacional. Hemos presentado el proyecto para el registro ‘No llame’, para que se bloquee a los que se anotan, para que las empresas queden prohibidas de mandarnos estas cosas”, recordó.

La diputada, además, aseveró que en algún sentido “son empresas fantasmas... ¿quién es por ejemplo el 90100? Para abrir un kiosco hay que habilitarlo, pagar lo que corresponde, ¿pero quién es 90100, cuál es su número de CUIT, a qué se dedica?”.

Reveló que supo de situaciones de este tipo ante las cuales “la única salida para salirse de esto es cambiar el número”.

“Nosotros presentamos en la provincia hasta donde pudimos. Esto tendría que regularse mediante una ley nacional, para que también ingresen las cooperativas, o las empresas locales, que se sabe dónde están, quiénes son, dónde reclamarles, y prestan mejores servicios para los usuarios y no piensan en ganancias extraordinarias para que después se vayan del país. La participación de locales acomodaría un poco estos abusos”, opinó Giorgis.

Destacó, finalmente, que “el organismo de control es la Comisión Nacional de Comunicaciones, el gobierno nacional sacó un ultimatum en los últimos días, diciendo que de otro modo apuntaría a estatizar el servicio. Son batallas que tenemos que dar todos. Es una lucha que lleva tiempo y que hay que dar entre todos. Antes se llevaban el oro, ahora se nos llevan el dinero del país con estas cosas”.