La Comunidad Mapuche del Oeste Pampeano reclamó ante los poderes Ejecutivo y Legislativo, que el gobierno provincial “nos otorgue títulos de las tierras en las que se asientan familias de nuestra comunidad”. Además, denunciaron “atropellos” por parte de organismos provinciales, más puntualmente del Ente Provincial del Río Colorado.

Las familias a que alude la comunidad están instaladas, fundamentalmente, en distintos sectores de la costa del Río Colorado, desde Gobernador Ayala hasta Casa de Piedra.

“Es inhumano y torturante padecer la incertidumbre constante de ser desalojados, o peor aun de levantarse una mañana y encontrarse rodeados de alambres y con nuevos vecinos que ocupan los campos en los que intentamos desarrollarnos integralmente”, dice la organización, por medio de uno de sus referentes, Rubén Larrondo, que presentó la situación en sociedad.

“¿Se opone este gobierno o algún funcionario a la presencia del Pueblo Mapuche en la costa del Río Colorado? ¿Somos los integrantes de este pueblo indígena un pueblo no aceptado por la provincia de La Pampa? ¿Tiene este gobierno la intención o el deseo de que no habitemos este suelo?”, interrogó la Comunidad en un documento que puso en manos de funcionarios pampeanos de distintos ámbitos.

La demanda se basa en las constitucionales Nacional y Provincial y en una serie de pactos internacionales. La exigencia puntual es “títulos de propiedad de las tierras para nuestra familias por derecho ancestral”.

Los referentes del sector aclaran: “no traemos una hipótesis de conflicto, sino por el contrario la posibilidad de un acuerdo en paz, donde sólo se respete nuestro derecho como Pueblo Originario y, como contrapartida, podamos seguir aportando a esta provincia, nuestra cultura, nuestro trabajo, nuestros valores, en un marco de mutua comprensión y respeto”.

El papel del EPRC

La Comunidad Mapuche del Oeste Pampeano plantea en concreto que en nuestra provincia “nuestros hermanos carecen de derecho concreto sobre la tierra que habitan”.

Le apuntan al Ente Provincial del Río Colorado, que “otorga un permiso precario para ocupar espacios físicos, pero sin derecho siquiera a las mejoras que hicieran, y sujetos a que la venta de una o más parcelas, los deje en la calle sin derecho a reclamo alguno”.

Señalan el caso concreto de Juan V. Lagos, que ocupa esos campos “desde tiempos inmemoriales”. Pero el Ente le hizo llegar una nota en el que le hicieron saber que las tierras que ocupaba se transferían a la jurisdicción administrativa de ese organismo. “Luego el EPRC reubicó otro puestero dentro de ese campo”, planteó la Comunidad.

“Injustamente se reparten recursos económicos pertenecientes a servidumbre por la actividad hidrocarburífera a personas que ni siquiera tienen un puesto, ni viven ni producen nada en campos cercanos a los nuestros”, indica el documento elevado a los funcionarios.

Señalan: “Paralelamente, la producción de petróleo y gas que tan buenos dividendos le da a la provincia y municipios productores, a nosotros sólo nos deja impacto ambiental negativo, y -en el caso de no ser desplazados- el pasivo ambiental que castigara a nuestros hijos, nietos y demás generaciones y los actuales daños a las pasturas y pérdidas a nuestros magros rebaños”.

La organización mapuche insiste en que el EPRC “que suponíamos era un organismo creado para el desarrollo productivo, ha ido diezmando y hasta ha ido haciendo desaparecer a pequeños productores (crianceros) para favorecer a grandes capitales que en algunos casos han hecho desmontes sin que luego produzcan absolutamente nada, con el negativo impacto ambiental que ello implica, afectando a nuestras familias”.