La intendente denunció penalmente a los ex administradores de 3 de Mayo por el "vaciamiento de la empresa". Los acusa de "desviar los fondos de recaudaciones y subsidios, provocando deliberadamente el colapso de la empresa y la paralización del servicio público"
La intendente María Eugenia Martini radicó en la Unidad Fiscal de Atención Primaria (UFAP) la denuncia penal contra los responsables de la empresa 3 de Mayo, a quienes acusa de "desviar los fondos de recaudaciones y subsidios, provocando deliberadamente el colapso de la empresa y la paralización del servicio público".
Luego del cese de la concesión de transporte, el Juzgado Civil ordenó intervenir a la empresa y designar a una contadora nacional para disponer que todo fondo de dinero deba tender prioritariamente al pago de sueldos, aportes, sistema de suguridad solcial, seguros y cuestiones operativas de la empresa.
En la presentación, María Eugenia Martini denunció a todos los ex administradores Guido Dal Pozzo, Eduardo Fylima, Bernardo Boock, Inés Cárcamo, Norma Otaduy y Jorge Aureux por "vaciamiento económico, concretado a través de distintos actos, como el desvío de fondos provenientes de recaudaciones y subsidios y compensaciones nacionales y provinciales, hacia fines distintos de los primordiales para el funcionamiento de la empresa, como el pago de sueldos".
La intendente señaló que el 7 de julio "retiraron 2,1 millones de pesos de un subsidio nacional. Esos fondos, las recaudaciones de junio y las de los primeros días de julio, no fueron utilizadas para la cancelación de esa deuda salarial, lo que fue interpretado por el Gobierno como una acción deliberada, ya que conocían el colapso que provocaban a la empresa, paralizando el servicio".
La denuncia pide, además, que se investigue a toda persona que pudiera resultar responsable, como los integrantes de órganos internos de fiscalización y auditoría, e incluso a los asesores legales y contables externos, para determinar si de algún modo indujeron a los administradores en la conducta imputada.
La intendente formalizó la denuncia ante la UFAP, acompañada por el asesor letrado del Gobierno Municipal, Ricardo Medrano.

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