Tal como había adelantado EL SIGLO, el Movimiento de Unidad Popular (MUP) presentó ayer un recurso de amparo ante la Justicia Federal con competencia Electoral de Tucumán solicitando la suspensión preventiva de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) programadas para el próximo 11 de agosto.

El planteo está fundamentado en una presunta violación, por parte de la conducción alperovista del Frente para la Victoria (FPV), de la ley nacional de financiamiento de los partidos políticos, privando de recursos para afrontar la campaña e imprimir los votos a la lista "Amarilla-MUP", que lidera el edil de Alberdi, Luis Romano.

"El motivo de la demanda es el grave atentado a la democracia, mediante violaciones a la Constitución nacional, de los tratados internacionales de Derechos Humanos y las leyes electorales, en perjuicio de nuestra lista, proscribiéndonos en plena democracia, por parte de la lista oficialista 'Celeste y Blanca K' del FPV", explicó el joven dirigente kirchnerista a nuestro diario minutos después de realizar la presentación ante el juez electoral Raúl Daniel Bejas.

El escrito, que cuenta con el patrocinio del abogado y apoderado del MUP, Luis Romero Abadie, consiste en el pedido de una medida "cautelar genérica de suspensión de las PASO" y una acción de amparo solicitando que se ordene el cumplimiento, por parte del oficialismo en el FPV, de los mandatos de la ley de financiamiento electoral.

El MUP denunció que la conducción del FPV incurrió en "una omisión maliciosa y excesiva" en acatar lo normado en los artículos 27 y 32 de la norma citada (número 26215), debido a que no completó los trámites de creación de una cuenta bancaria que dispone la ley para que la Dirección Nacional Electoral remita los fondos con los que ambas listas deberían financiar su campaña e imprimir sus boletas.

Competencia despareja

En este sentido, en la demanda, a la que EL SIGLO tuvo acceso, se hace notar que la lista Amarilla-MUP "se encuentra en una situación de palmaria desventaja electoral respecto de la lista 'Celeste y Blanca K'". Esto, según explicó Romero Abadie, debido a que "por su condición de oficialista posee los medios de comunicación para realizar la correspondiente campaña, en tanto que la lista del suscripto no puede hacer uso de los correspondientes fondos para campaña electoral otorgados por el estado, ni de la respectiva sub-cuenta legal -por la que podría recibir donaciones privadas y se ve impedida- producto de una omisión prolongada, arbitraria y maliciosa de los responsables de dar estricto cumplimiento con lo normado en el artículo 27 y 32 de la ley 26215". A continuación, se advierte que "con esa omisión manifiestamente arbitraria de la Junta Electoral de la alianza FPV-Tucumán, se toma partido por la mencionada lista oficial", que encabezan el ministro de Salud de la Nación Juan Manzur, y el titular del Ministerio del Interior provincial, Osvaldo Jaldo.

Esta suerte de "discriminación", de acuerdo a la demanda, también se nota al ingresar a la web la Junta del FPV: www.frenteparalavictoriatucuman.com, donde "se publicita el spot de la lista 'Celeste y Blanca K' y no se refiere ni publicitan las acciones del MUP".

A la hora de justificar el pedido para que se conceda la cautelar solicitada y se suspendan las PASO, hasta tanto el FPV cumpla con los trámites mencionados, desde el MUP advirtieron que "el peligro en la demora surge de la inminencia de las PASO, las que deberían realizarse el 11 de agosto de 2013" y que ese sector se encuentra "en una patente situación de inferioridad electoral, derivada de la maliciosa omisión antes señalada".

Como prueba principal, el sector presentó las cartas documento que intercambió con el titular de la Dirección Nacional Electoral, Alejandro Tulio, en las que el funcionario confirma que el dinero para la campaña del FPV local no puede ser enviado debido a que las autoridades de la alianza no crearon la cuenta bancaria requerida por ley.

"De nuestros registros no surge que la alianza haya informado su cuenta en conformidad a lo establecido por el art. 32 de la ley Nº 26215, siendo tal omisión óbice para transferir los fondos", fue la contestación de Tulio a una de las cartas documento que le envió la lista encabezada por Romano.

Contra todas las leyes

Según la denuncia, el accionar del alperovismo "transgrede abiertamente el artículo 23 inciso 1º, numerales b y c de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y el artículo 25, apartados b y c, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen como presupuestos indispensables el 'derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas y realizadas en condiciones generales de igualdad'".

El MUP advirtió, además, que la ley de financiamiento electoral "exige la instrumentación por la sub-cuenta a abrirse ante el Banco de la Nación Argentina de todo gasto de campaña, hecho que por la omisión denunciada se está impidiendo". Por eso, en la acción de amparo se solicita que se ordene a los responsables de la Junta Electoral del FPV que "cumplimente -con habilitación de día y hora- la apertura de la cuenta en el Banco Nación-Sucursal Tucumán, a fin de que, a su vez, se otorgue una sub-cuenta a la Lista Amarilla-MUP, a efecto de que se le asignen los fondos correspondientes de financiamiento público de esta campaña".

"Teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión planteada, producto de la flagrante, evidente e inicua omisión de uno de los responsables en dar cumplimiento en tiempo y forma con lo expresa e imperativamente preceptuado en los artículos 27, 32 y 33 de la Ley 26.215, así como la inminencia de las PASO; a lo que debe agregarse el absoluto estado de inferioridad política en la que se encuentra el suscripto -lo que le coarta el derecho a ser elegido- se solicita se otorgue a los planteos señalados un tratamiento preferencial, con habilitación de día y hora", reza el escrito presentado ante el juez Bejas.

Por otro lado, Romero Abadie anticipó en declaraciones a este matutino que están evaluando la posibilidad de presentar también una denuncia penal contra el apoderado del FPV, Marcelo Caponio, y el responsable del área financiera de la alianza, Jorge Gassenbauer, por considerarlos responsables de la situación descripta.