La asociación civil Usuarios y Consumidores Unidos presentó el martes, en el Superior Tribunal de Justicia, una demanda de acción colectiva de derechos individuales en defensa de los pasajeros del transporte público. Si bien el escrito pudo haber ingresado en un juzgado civil de primera instancia, el abogado Sergio Sánchez Alustiza -representante local de la entidad- explicó que fue directamente al STJ para que el máximo tribunal de la provincia resuelva la competencia del escrito: si le corresponde analizarlo a él o girarlo a un juez civil.

El propósito del reclamo es que se declare nula la resolución 314/12, del 10 de abril del año pasado, por la cual el Departamento Ejecutivo -con las firmas del intendente Luis Larrañaga y sus tres secretarios- dispuso el incremento tarifario, y también el convenio celebrado entre la comuna y Plaza, en la misma fecha, ya que mediante ambos "se procedió ilegalmente a disponer un aumento del precio del boleto", según indicó la organización no gubernamental con sede en la ciudad bonaerense de San Nicolás.

Un detalle: en su momento el secretario de Obras Públicas, Javier Schlegel, y el director de Desarrollo Económico, Daniel Filippa, reconocieron en una reunión de comisión en el Concejo Deliberante, que ellos no realizaron el procedimiento de cálculo previsto en los pliegos licitatorios (la fórmula polinómica preestablecida para actualizar la tarifa), sino que le encargaron la actualización de los costos a la propia empresa.

Además la asociación se busca obtener una condena contra Plaza para que -en forma solidaria con la comuna- restituya "las sumas percibidas ilegalmente", que fueron calculados en un millón y medio de pesos, y que ese dinero sea destinado al fondo de defensa de intereses difusos previsto en el artículo 28 de la ley provincial 1352 (Régimen de procedimiento para el amparo de los intereses difusos o derechos colectivos).

El pedido restante, indicó Sánchez Alustiza -patrocinante de la demanda junto a Francisco Verbic, especialista en derecho procesal y ex relator letrado de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires- es que se imponga a la Municipalidad y al Grupo Plaza una multa de cinco millones de pesos, el monto máximo que prevé la ley nacional 24240 de Defensa del Consumidor.

"Los antecedentes del caso aparecen determinados y probados por los elementos incorporados en la causa penal abierta por la denuncia efectuada por distintos concejales (del Frepam), y de las pericias que se han incorporado a ella surge claramente que el acuerdo del aumento del precio del boleto resulta ilegal y viciado de nulidad (ver aparte). Además ha enriquecido a Plaza en contra del interés colectivo de los usuarios, lo cual debe ser reparado, sin perjuicio de las restantes responsabilidades", remarcó Sánchez Alustiza.

Una denuncia y dos pericias

Los concejales del Frepam promovieron en junio del año pasado una denuncia penal por el incremento del boleto, luego que sus pedidos para rever la medida fueran desoídos por el intendente Larrañaga y sus pares del PJ, y poco después fueron admitidos en la causa como querellantes.

Hace un año revelaron que la pericia oficial -efectuada por los peritos del Poder Judicial, Ana María Kin y Silvio Alvarez- había determinado, de acuerdo a la fórmula polinómica, que la tarifa para el Grupo Plaza debió subir a 2,25 y no de 2,50 pesos.

En abril pasado insistieron con ese número luego que se conocieran los resultados de una pericia de parte solicitada por Filippa, que entregó la misma conclusión. En ese momento, los ediles requirieron que sean citados a declarar Larrañaga, Filippa, Schlegel y el secretario de Finanzas, Miguel de Elorriaga y hablaron de un perjuicio de un millón y medio de pesos para el erario municipal.

Aún hoy ninguno de los funcionarios comunales fue llamado por el fiscal Gastón Boulenaz y por eso desde el Frepam vienen quejándose por la tardanza de su accionar. Ayer, ante una consulta de este diario, una fuente tribunalicia indicó que la fiscalía sigue trabajando en el caso.