La formal decisión de la jueza Viviana Taboada obligando a OPINION CIUDADANA, mediante dos resolutorios, a que deje de publicar informaciones referidas a denuncias laborales que involucran directamente al diputado provincial Armando Felipe Cabrera puso sobre el tapete el rechazo a la Constitución y tratados internacionales a que adhiere nuestro país, que tienen determinados sectores de la Justicia formoseña. La determinación de la magistrado confirma la connivencia existente entre el poder político y el Poder Judicial, violentando los principios más elementales del sistema republicano.

La situación llevó a los candidatos a gobernador del Frente Amplio, Francisco Nazar, Ricardo Buryaile y Vicente Joga a expresarse, en la búsqueda de un necesario marco de defensa del cuadro normativo que vigila las acciones de las instituciones, sus funcionarios y las personas en toda la provincia.

?Los sucesivos hechos de gravedad institucional que son de público conocimiento, nos imponen la responsabilidad política y social de ratificar nuestro firme e inquebrantable compromiso con las libertades públicas y con el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas, convocando a todos los formoseños a levantar ?hoy más que nunca- y con todas nuestras fuerzas las banderas de las libertades, la participación y la democracia como banderas irrenunciables ?de vida? de todos los formoseños?, dice el documento..

?Nutridos en la vocación de perpetuidad en el poder, amparados en la falta de independencia de los poderes del Estado, cobijados en la inescrupulosidad de algunos funcionarios públicos y judiciales que devienen en gravísimas lesiones ?al prestigio y la credibilidad? de las instituciones, se están conculcando intencional y sistemáticamente ?derechos, libertades y garantías constitucionales? que el pueblo formoseño no puede tolerar, ni permitir, y que nosotros como futuros sucesores del ejercicio de gobierno: asumimos el compromiso que no volverán a ocurrir, en los tiempos por venir?, enfatizaron.

Para los principales candidatos del arco opositor, ?frente a un escenario donde no funciona el sistema republicano de gobierno, donde no existe independencia del Poder Judicial sobre la cual descansa la división de los poderes y la democracia, donde se ataca descaradamente la libertad de prensa para proteger a un diputado provincial, donde no existe la igualdad de oportunidades, donde no hay plenas garantías, ni libertades para nadie, nuestra exigencias no son exageradas?.

Y justificaron: ?porque sin independencia del Poder Judicial ni contralores, los restantes poderes devienen en abusos y concentración de poderes y riquezas. La independencia de los poderes son una garantía contra el absolutismo y las pretensiones dictatoriales, garantizan los limites, el equilibrio y la distribución del poder, y es la principal garantía de la libertad de prensa, libertad de expresión, del pluralismo, del respeto a la oposición, a elecciones periódicas libres y transparentes y a la seguridad jurídica, instituciones irrenunciable que pertenecen a la esencia de todo auténtico Estado de Derecho?.

LIBERTAD DE PRENSA

Al abordar directamente, el caso de censura previa del que se acusa a la jueza Taboada, consideraron que el nuevo atropello sufrido por un medio ?es de suma gravedad, y al provenir el mismo de quienes deben preservar las libertades públicas- como la justicia- es inconcebible ya que hiere profundamente la república, la democracia, que no estamos dispuestos a resignar porque es un derecho que reposa en el pueblo?.

Ante este cuadro exigieron ?responsabilidad de los poderes constituidos: al Poder Judicial la adopción de las medidas que la gravedad impone, contra quienes están obligados a preservar y pretenden nuevamente acallar, censurar, amordazar; al Poder Legislativo como representante del pueblo defiendan las libertades de los ciudadanos y a sus miembros que pretenden censurar la prensa, que implica un ataque a la democracia, también adopte las medidas correctivas legales contra este serio atropello?.

?Luego de 28 años de democracia resulta incomprensible la falta de reproche institucional contra quienes la lesionan, recordando que la Constitución Nacional nos concede el derecho a la resistencia contra estos actos, calificando a quienes los cometen como traidores de la patria, inhabilitándolos para los cargos públicos?, recordaron.

Nazar, Buryaile y Nazar cerraron el documento sosteniendo ?la firme convicción de defensa inquebrantable de las libertades públicas, y en ese contexto nos constituimos en celosos vigilantes de su real vigencia, ya que su ausencia sólo contribuye al quebrantamiento de la paz social- que los poderes están obligados a resguardar- y nos retrotrae a tristes etapas de nuestra historia que creíamos superadas, honrando a quienes en su lucha y conquista dejaron sus vidas, no fue una concesión graciosa de ningún soberano, menos a cualquier gobierno de turno?.