Así lo confirmó el presidente del Concejo Deliberante de Santa Ana, Fernando Gómez, quien detalló que la investigación se le inició porque la Intendente habría elevado informes de utilización del fondo sojero en la construcción de 17 viviendas que "nunca se realizaron". Dijo que la Viceintendente quedó a cargo de la jefatura comunal y que cuenta con el acompañamiento del cuerpo hasta que se dirima el conflicto.
Se trata de la tercera suspensión que recae sobre la intendente en lo que va del año. Esta vez, la cuestión se derimiría a la par de la definición del juicio político y el plazo que tienen los ediles para llevar adelante la investigación desde el dictamen del miércoles es de 30 días.
"La jefa comunal será citada las veces que sean necesarias para que rinda cuentas", dijo Gómez, quien desestimó una posible invalidez del dictamen hecho notar por Escalante en sus declaraciones a la prensa.
Según la funcionaria, ella seguiría en su cargo porque el "Concejo ya terminó el periodo de sesiones ordinarias, y no se llamó a ninguna sesión especial, el edil Augusto Navarretti no ha sido invitado, no se hizo una convocatoria", para la jornada en la que se tomó la resolución que paralelamente llevó a la viceintendente, Mercedes Medina, a hacerse cargo de la jefatura del Ejecutivo.
Al respecto, Gómez indicó que "la Intendente está mal informada" y que efectivamente las sesiones ordinarias terminaron en octubre, pero que el cuerpo prorrogó por los dos tercios de las voluntades a extraordinarias y luego se llegó a la sesión autoconvocatoria para resolver este tema en particular. Además comentó que de la comisión investigadora, integrada por los ediles Cabrera y Navarretti, este último que no asistió a la sesión en la que se decidió la suspensión, porque "generalmente por su relación de parentesco con la intendente se abstiene de votar o no asiste, pero sí trabajó acompañando el proceso en la comisión".
Al realizar un balance de las actividades desarrolladas por el Concejo Deliberante, el concejal destacó la "ardua labor" llevada adelante en varios proyectos y la sanción de ordenanzas, pero lamentó que "el Ejecutivo termina no cumpliéndolas y las ordenanzas están para ser cumplidas".
En este sentido recordó que la primera suspensión a Escalante justamente surgió a partir del incumplimiento de una norma que para la protección del solar histórico prohibe la realización de eventos con música de alto volumen, ya que provocan cambios en el ruido ambiental, y daños en las antiguas infraestructuras. Mientras que la segunda suspensión surgió porque no presentó ante el cuerpo los balances del ejercicio 2009, cuando la norma establece que debe hacerlo semestralmente.
Comentá la nota