Los jueces de garantías de San Isidro Rafael Sal Lari y Esteban Rossignoli recibieron el apoyo de la Red de Jueces Penales de la Provincia, quienes consideraron que los suspendidos magistrados son "perseguidos por decisiones jurisdiccionales adoptadas en el marco de la legislación vigente".

Ambos jueces enfrentan un jury acusados de eximir de prisión a peligrosos delincuentes, como el asesino del ingeniero Carlos Regis, un resonante caso ocurrido en Beccar en julio de 2008. De la misma manera, lo acusan de haber negado la detención para dos violadores y excarcelar a otro abusador.

El juicio político fue impulsado por los familiares del ingeniero, patrocinados por el propio Intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien acompañó a la familia cuando se decidipo el inicio del jury y manifestó su satisfacción "porque se logró a través de un debate público que un juez sea investigado".

La Red de Jueces Penales aseguró que "en todo caso, podrían ser pasibles de revisión, corrección o anulación, según el sistema de recursos previsto por el propio ordenamiento jurídico provincial" y rechazó la medida de jucio político.