La Defensoría de los Vecinos de esta capital fue anfitriona de sus pares de casi todo el Nordeste argentino ayer por la mañana. Se reunieron representantes de Paraná (Entre Ríos), Posadas (Misiones), Saladas e Ituzaingó.

La idea central del encuentro fue aunar criterios comunales ante reclamos hechos por habitantes de las ciudades representadas por sus respectivas defensorías. “Fue satisfactoria la convocatoria”, dijo a época Griselda Méndez, defensora comunal de esta capital.

Lamentó la ausencia de su par a nivel provincial, Miguel Alegre, quien en un primer momento confirmó su asistencia pero finalmente no acudió a la cita. Justamente el planteo de los asistentes fue la existencia de “baches” jurídicos entre las legislaciones provinciales y municipales a la hora de atender reclamos.

Méndez citó como ejemplo el caso de un grupo de familias -cinco en total- que concurrieron a su oficina para solucionar déficit habitacional. Ocupan desde hace casi dos años una traza municipal y parte de un lote privado. “Me informaron que acudieron en su momento a los gobiernos provinciales y municipales pero no tuvieron respuestas, también fueron al Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO) donde tampoco hubo eco a la solicitud de soluciones”, contó.

La cuestión, subrayó, “no es nueva y se da en todas las ciudades”. Explicó que con el tema de las ocupaciones ilegales en los medios de comunicación “temen ser desalojados por vía judicial”.

Región

Una carta de intención rubricada por los presentes fue el corolario de la reunión que comenzó pasadas las once y terminó en las primeras horas de la tarde. En el salón de conferencias de un céntrico hotel, para el final llegó a “traer su saludo” el intendente Carlos Espínola.

Méndez agradeció el gesto “porque demuestra una idea de querer trabajar juntos” aunque aclaró: “Siempre ejerceremos nuestra función de contralores de la gestión comunal”.

A nivel regional lo rubricado se presentará ante la Asociación de Defensores del País (ADPRA), convocada en la ciudad de La Plata para marzo venidero. “Queremos afianzar la tarea y hacerlo en bloque para tener fuerza como región, tenemos muchos puntos en común debido a que compartimos las mismas idiosincrasias, geografías y problemáticas”, puntualizó Méndez.

Nuevos

En Corrientes como en casi todas las provincias del NEA la figura del defensor comunal es nueva, en esta capital empezó a funcionar hace pocos años tras la reforma de la Carta Orgánica municipal en 1997.

Son estamentos intermedios entre instancias administrativas y judiciales. Atienden reclamos de personas o entidades que ven avasallados sus derechos ciudadanos, a veces desde los estados comunales, provinciales, nacionales, y otras, desde esferas empresariales

SALUD Y SERVICIOS PÚBLICOS: Visión común para reclamos litoraleños

La Asociación de Defensores del País (ADPRA) nuclea a todas las defensorías y en ese ámbito es que el los organismos del Nordeste argentino quieren llegar con planteos comunes.

No son los únicos, la geografía nacional en el marco de los estamentos que trabajan en pos de los derechos ciudadanos se juntan en regiones: los sureños en patagónicos, los del centro incluye la región de Cuyo, luego el Norte y finalmente el Litoral, donde Corrientes busca abroquelarse a ciudades como Paraná (Entre Ríos), distrito mucho más desarrollado y Posadas (Misiones), el que más características en común comparte con la capital correntina.

“La ribera es una clara muestra de las cosas que nos unen en el Litoral”, dijo a época el representante paranaense, Luis Garay: “Es apenas un punto de las muchas cosas que por estar en una misma geografía compartimos”, agregó.

Garay está al frente de la defensoría de Paraná y habló de varios ítems coincidentes entre las capitales de provincias en la región: “La salud ante el avance el dengue y las campañas que se deben realizar al respecto, coordinar trabajo en las zonas de fronteras entre nuestras provincias. Y el río que es todo un tema”, enumeró.

Para el defensor de la vecina provincia la cuestión costera sobre el río Paraná no es menor. Como en esta capital, la ubicación de paradores e incluso la concesión de playas “dejaron a la gente sin poder disfrutar del verano en mi ciudad”, señaló.

Garay analizó la cuestión desde la óptica de familias sin recursos económicos imposibilitadas de viajar “y todos tienen derecho a disfrutar de las bellezas naturales de nuestra geografía”, puntualizó.